El Tribunal de Cuentas exige ahora 5 millones a Mas, Ortega y Rigau, entre otros, por el 9-N

El Tribunal de Cuentas citó ayer para el próximo 25 de septiembre al expresident de la Generalitat Artur Mas dentro de la investigación que tiene abierta para dilucidar responsabilidades por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 y, en su caso, reclamarle el dinero público que se gastó en aquella cita, que podría superar los cinco millones de euros y que deberá pagarse 6 días antes del 1-O. Según fuentes del PDeCAT, la citación tiene como objetivo solicitarle el pago de una fianza para garantizar que podrá afrontar la condena en el caso de que esta finalmente se produzca.

Junto al expresident, el Tribunal de Cuentas también investiga a su exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsellera de Educación Irene Rigau y al exconseller de Presidencia Francesc Homs.

El Ejecutivo de Rajoy prevé continuar con su política de judicialización del proceso soberanista

El Tribunal citó para el mismo día y con el mismo fin a otros siete exaltos cargos de la Generalitat que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N. Se trata del exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y de Lluís Bertràn i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira.

En rueda de prensa extraordinaria, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente, Oriol Junqueras, aseguraron que la convocatoria del referéndum sigue adelante, que la ley para llevarlo a cabo “se aprobará esta semana” y que están preparados para hacerlo “en cuanto tengan el texto legal” que se lo permita.

Aseguraron que Madrid ha dado “un salto cualitativo en su política del miedo” pero que sus amenazas no les pararán. Mostraron su apoyo a todos los encausados, aseguraron que “si les tocan a ellos nos tocan a todos” y no aclararon quién pagará la multa. Mientras, la ANC y Òmnium reactivarán su “caja de solidaridad” para hacer frente al pago. Por su parte, Artur Mas consideró que la petición del Tribunal “es una caza mayor”.

Antes, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, aseguró que convocar un referéndum “no es delito” según las leyes españolas y advirtió de que cualquier actuación del Estado contra la consulta del 1-O “atentaría” contra la legislación de la UE. Según Turull la Ley 2/2005 “despenaliza de forma clara la convocatoria del referéndum”.

madrid/barcelona

JxSí y la CUP tienen previsto debatir y aprobar hoy las dos leyes de desconexión que darán amparo legal a la celebración del referéndum y a la independencia efectiva si gana el sí. Según fuentes parlamentarias, el Govern se reunirá de urgencia para firmar la convocatoria formal del 1-O. De hecho, a petición de JxSí y la CUP, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha convocado a la Mesa para las 9 de la mañana de hoy, una hora antes de empezar el pleno ordinario. Esto alertó al Gobierno central y tanto este como el Tribunal Constitucional están “preparados para actuar”. Los miembros del Gobierno están avisados de que hoy mismo pueden ser convocados a un Consejo de Ministros extraordinario para autorizar al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, a impugnar ante el Constitucional las decisiones que se tomen desde el Parlament o la Generalitat. Si se tramita y aprueba la ley en la Mesa del Parlament, el Ejecutivo Cenral no tendría que presentar otro recurso, sino ampliar uno de los incidentes de ejecución de sentencia que ya ha presentado ante el Constitucional. Si, por el contrario, la iniciativa la toma el Govern, el Ejecutivo central tendría que presentar un nuevo recurso, al tratarse de un decreto ley, lo que implicaría la consulta al Consejo de Estado. En cualquier caso el TC suspenderá cautelarmene de inmediato dicha ley y lo hará con efectos de la fecha de presentación del recurso.

“Pagar impuestos estatales a la Hacienda Catalana es legal”El portavoz del Govern, Jordi Turull, replicó ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que es legal que los catalanes paguen impuestos estatales a la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Argumentó que hay vigente una política de ventanilla única por la que se puede pagar en la ATC y que esta sea después la encargada de “trasladar el pago” al estado. El secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó aseguró que no “sacará el código penal” como hace Montoro y “no meterá a la gente en prisión” a quien no liquide sus impuestos ante la administración catalana una vez declarada la independencia.