La fiscalía pide cárcel para el Govern y exige a los Mossos frenar el reférendum

La ofensiva del Estado contra el referéndum podría llevar a prisión al president Carles Puigdemont y a todo su Executiu a tenor de las peticiones en esta línea de la Fiscalía, que les acusa entre otros delitos de malversación. Además el Ministerio Público urge a los Mossos a acuar contra el referéndum incluso quitando urnas si fuera necesario.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, será investigado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre por desobediencia, prevaricación y malversación, delito este último que conlleva penas de prisión.

El TSJC admitió ayer a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra Puigdemont y el resto del Executiu, por entender que el Govern hace un “uso ilegal de fondos públicos” con el referéndum. La Fiscalía Superior de Catalunya se ha querellado también contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa que votaron admitir la ley del referéndum y la de transitoriedad, recurrida ayer ante el Constitucional por el Gobierno, por “su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales”.

Además, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referéndum interviniendo si es necesario “los efectos del delito” y elaborando el correspondiente atestado ante cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares. Entre estos efectos estarían las urnas, las papeletas y sobres electorales y los manuales de funcionamiento de las mesas.

Por su parte, el Gobierno central decidió recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de Transitoriedad aprobada el jueves por el Parlament y advirtió de que deben atenerse a las consecuencias todos aquellos que colaboren con la organización de un referéndum ilegal. Pero la ofensiva de Madrid no termina ahí. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aseguró que ha apercibido a la Generalitat para que dé explicaciones y justifique cómo sufraga la página web que han creado para explicar el referéndum, así como el vídeo que promueve esa campaña a favor de la participación.

El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, afirmó que no renuncian a tomar ninguna medida contra Catalunya, entre ellas aplicar el artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía. Aún así insistió en que actuarán con proporcionalidad. Además, lanzó un mensaje a los catalanes para que mantengan “la concordia” y “la convivencia”, para “no buscar la confrontación” y defendió que la estrategia del Gobierno central busca “limitar los daños y no contribuir a alentar un clima de confrontación”. Tuvo también palabras para los Mossos, y dijo estar seguro de que cumplirán la ley y “obedecerán” a Maza, “como lo harán todos los funcionarios”.

Desde Zaragoza, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, afirmó que el Estado de derecho va a impedir que se celebre el referéndum soberanista en Catalunya “sin caer en trampas ni provocaciones” por parte de los independentistas. “Carceleros de la democracia”, llamó Copedal a quienes, según ella, en el Parlament y la Generalitat han llevado adelante en los dos últimos días el “golpe” para celebrar el referéndum. Les advirtió de que “la dimensión de su fracaso va a ser directamente proporcional a la tropelía democrática que han cometido”.

Incluso el debate de las pensiones tuvo un hueco ayer en la estrategia de Madrid para frenar el referéndum. La ministra de Empleo, Fatima Báñez, apeló a la “tranquilidad” entre los jubilados catalanes a quienes dijo que sus pensiones están garantizadas por la caja única de la seguridad social.