Fiscalía cita como imputados a más de 700 alcaldes bajo amenaza de detención

La Fiscalía general del Estado a ordenado a los fiscales de Catalunya que citen a declarar como imputados a 712 alcaldes catalanes (188 de Lleida) en calidad de investigados (antes, imputados) por su presunto apoyo al 1-O al aparecer en una lista de la AMI en este sentido. Pueden ser investigados por malversar, desobedecer y prevaricar.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ordenó ayer a los fiscales catalanes que citen a declarar a los 712 alcaldes de los ayuntamientos de Catalunya que aparecen en las listas de la AMI y la ACM como firmantes del decreto de apoyo al referéndum soberanista del 1 de octubre. De ellos, 188 son ayuntamientos de Lleida. Todos ellos serán citados a declarar como imputados bajo la amenaza de ser detenidos para comparecer ante la fiscalía si se niegan a ello. El Ministerio Fiscal considera que el apoyo de los ediles a la consulta independentista puede implicar delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. En un escrito remitido ayer a los fiscales, Maza ordena también que sean los Mossos d’Esquadra quienes lleven a cabo las detenciones en caso de incomparecencia. El escrito del fiscal llega un día después de que los ayuntamientos recibieran otro escrito de la Fiscalía General del Estado sobre las órdenes que entre el martes y el miércoles dio a todos los cuerpos de policía para que eviten cualquier conducta o medida a favor del referéndum.

La citación de los alcaldes como imputados generó respuestas de todo tipo entre los afectados. La CUP anunció que los 16 alcaldes que tiene en Catalunya (entre ellos, el de Soriguera) no irán a declarar. Incluso los de Argentona (también de la CUP) y Ametlla de Mar (ERC) decidieron triturar los apercibimientos del Tribunal Constitucional. Mientras, la Associació de Municipis per la Independència y la Associació Catalana de Municipis, que centralizan los datos de los ayuntamientos que avalan el 1-O, recomendaron a los ediles que vayan a declarar cuando les citen, porque “no tienen nada que esconder ni ningún inconveniente en explicar, donde sea, que estarán al lado del Parlament, del Govern y de la gente para hacer posible el voto”. El presidente de la ACM, Miquel Buch, se refirió en este punto a la petición de fiscalía de que las policías locales actúen también como policía judicial y dijo que de momento no han recibido ninguna citación, por lo que desconocen qué les pide el Ministerio Fiscal: “Cuando digan algo de la policía, ya veremos”. Señaló que “nosotros no haremos como ellos y no cuestionaremos a los profesionales públicos de las administraciones locales”, y anticipó que dejarán que continúen velando por las entradas y las salidas de las escuelas.

EL DOCUMENTO DE LA FISCALÍA