POLÍTICA CORRUPCIÓN
La Fiscalía del caso del 3% piden prohibir a Gordó salir de España
Investigado por su supuesto rol de mediador en el pago de comisiones de empresarios a CDC || El Ministerio Público reclama intervenir el móvil personal del exconseller
Los fiscales Anticorrupción pidieron ayer al juez del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que investiga al exconseller de Justicia Germà Gordó por el caso del 3% de presunta corrupción en CDC que le prohíba salir de España y le intervenga su móvil personal para volcar su contenido.
Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público solicitó esas medidas cautelares, que el juez del TSJC Carlos Ramos resolverá hoy, tras tomar declaración como investigado al exconseller y ahora diputado no adscrito del Parlament, por su presunto papel de intermediación en el pago de comisiones de empresarios a Convergència en el llamado caso del 3%.
En su declaración, Gordó admitió haberse reunido con algunos de los empresarios investigados en el caso dado que consideraba que esa era su obligación por sus responsabilidades en la Generalitat, donde fue secretario de Govern, y en la contratación pública, como consejero de la empresa Infraestructures de la Generalitat (GISA).
Hombre de confianza del expresident Artur Mas, Gordó fue gerente de CDC entre 2004 y 2011, secretario del Govern entre el 2010 y el 2012; conseller de Justicia entre el 2016 y consejero de la empresa pública GISA. En su declaración, Gordó desvinculó al expresident Artur Mas de la gestión económica del partido y aseguró que de esta se ocupaban él mismo y el tesorero de CDC Andreu Viloca, también investigado en el caso del 3%.
El exconseller entregó ayer al juez su móvil profesional, del que los investigadores llevarán a cabo un volcado, pero no así el personal, lo que motivó que la Fiscalía solicitase al magistrado que se lo interviniera por orden judicial. Además de la prohibición de salida de territorio estatal, el juez deberá decidir hoy si interviene el móvil personal de Gordó para llevar a cabo el citado volcado, con lo que los fiscales quieren acceder a su agenda y correos electrónicos, que estuvieron buscando en los registros que la Guardia Civil practicó el mes de julio en el Parlament y la Generalitat.
Mientras, el abogado del exconseller de Justicia, Cristóbal Martell, se opuso a las medidas cautelares.