COMARCAS
Madrid interviene los pagos de la Generalitat para frenar las urnas
Hacienda pagará las nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales de forma directa || El Govern responde anunciando un recurso a instancias europeas
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer un paquete de medidas “novedosas” para controlar los gastos de la Generalitat de Catalunya y que suponen ‘de facto’ una intervención parcial de las cuentas. Con la decisión adoptada en el Consejo de Ministros, el Estado asumirá el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Catalunya, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales. Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno central libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica. Montoro dijo que la medida no afecta a las competencias catalanas. Con todo, el Gobierno de Mariano Rajoy quiere asegurar que “ni un euro” del erario público se va a destinar al referéndum. Además, enviará el acuerdo a las entidades financieras para que actúen igual que “frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero”. Si detectan que alguna operación puede estar relacionada con el 1 de octubre “deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal”.
La Generalitat considera que la decisión del Gobierno popular de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Catalunya supone que “ha aplicado el artículo 155 de la Constitución (supone suspender una autonomía) por la puerta de atrás”, y anunció una “batalla jurídica” en el Estado y en la UE contra esta medida. El secretario de Economía del Govern, Pere Aragonès, acusó al Ejecutivo central de “saltarse su ley para intentar parar la democracia”.
Por su parte, el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, instó a los independentistas a que no subestimen “la fuerza de la democracia española” y les advirtió: “Nos van a obligar a lo que no queremos llegar”. Además, en un acto del PP en Barcelona, felicitó a la Guardia Civil por requisar 100.000 carteles de “propaganda del Govern”.