La Generalitat recurre al Supremo la intervención de sus cuentas

El Govern de la Generalitat presentó ayer ante el Tribunal Supremo un recurso contra la intervención de sus gastos por parte del Estado. El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, anunció el recurso el domingo criticando que el Gobierno central había decidido esta intervención bajo “el amparo de ninguna ley”.

La controversia empezó a finales de la semana pasada: Junqueras avisó por carta al Estado que no comunicaría más los gastos de la Generalitat, a lo que el Gobierno central respondió con esta intervención.

El Consejo de Ministros dio también un plazo de 48 horas al Govern, que venció ayer, para que adoptara un acuerdo de no disponibilidad respecto a otro tipo de gastos no esenciales. Ayer, Hacienda informó de que controlará también los pagos con tarjeta realizados por los altos cargos de la Generalitat.

Según el vicepresident del Govern, Madrid quiere “bloquear” partidas del presupuesto como las relacionadas con industria, ganadería, agricultura, cultura, deporte e incluso la renta garantizada de ciudadanía, que entraba en vigor el 15 de septiembre, y aseguró que la intervención provocará un “colapso administrativo”.

También aseguró que podrán pagar este mes a los funcionarios.

Garantizó que pese al control del gasto, el 1 de octubre habrá “todo lo necesario” para que los ciudadanos puedan votar, en alusión a las urnas y a las papeletas.

Por su parte, el Tribunal Supremo puede tardar entre dos y tres semanas en resolver el recurso interpuesto por el Govern. La decisión, por tanto, podría llegar tras el referéndum del 1 de octubre.

También presentó ayer un recurso el president Carles Puigdemont y los consellers Jordi Turull, Josep Rull, Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Felip Puig y Santi Vila, esta vez ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por la querella de la Fiscalía contra todo el Executiu por la convocatoria del 1-O. Recuerdan que convocar un referéndum no es delito desde el 2005 y que la desobediencia al Tribunal Constitucional no había sido perseguida nunca penalmente hasta el juicio por la consulta del 9-N.

La fiscalía acusa al Govern de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, que implica penas de prisión.