TRIBUNALES CORRUPCIÓN
La Fiscalía rebaja a 2 años la pena para Macià Alavedra y Prenafeta
Los dos exdiputados de la era Pujol son juzgados en el caso de corrupción urbanística Pretoria|| Pide 13 años de prisión para ‘Luigi’, el conseguidor de la trama
La Fiscalía Anticorrupción rebajó ayer a dos años su petición de pena de cárcel para los exaltos cargos de la Generalitat en la etapa de Jordi Pujol, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, por su implicación en la trama Pretoria que juzga la Audiencia Nacional.
Ambos reconocieron en las primeras sesiones de la vista oral que habían cobrado comisiones del 4% por intermediar en dos operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona.
Tras el pacto alcanzado con el Ministerio Público, la fiscal del caso, Ana Cuenca, rebajó su petición inicial de seis años y diez meses de cárcel para cada uno y en este nuevo escrito pide un año de cárcel por el delito de tráfico de influencias y otro año por blanqueo de capitales, por lo que los dos acusados podrían evitar entrar en prisión.
Pide además una multa de 3.243.204,39 euros para Alavedra y de 5.831.060 euros para Prenafeta.
Ambos estan acusados de mediar en la operación Niesma en Sant Andreu de Llavaneres consistente en la compraventa de dos fincas cuyo valor se revalorizó tras ser recalificadas, y en la operación Badalona, desarrollada en el Puerto deportivo de dicha localidad. Ambas, junto con la operación Pallaresa (Santa Coloma de Gramenet) integran la trama Pretoria.
Además de estos dos acusados, la fiscal también rebajó su petición de pena para otros cuatro más que también reconocieron su implicación en la trama que operó entre los años 2000 y 2009 en las tres localidades.
Para Manuel Carrillo, dueño de Limasa (empresa adjudicataria de los servicios de limpieza en Santa Coloma) pasa de tres años años de cárcel a seis meses por el delito de cohecho y multa de 12.480 euros.
Mientras, para el presunto cabecilla de la trama, el exdiputado del PSC Luis Andrés García, ‘Luigi’, aumenta su petición de 8 a 13 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y le añade delito continuado de cohecho y falsedad en documento oficial.
La fiscal, que le pide la multa más alta, de 26.116.691,32 euros, mantiene que era el “conseguidor” por su cercanía al exalcalde de Santa Coloma de Gramenet Bartolomé Muñoz.