La Generalitat paga las nóminas de los funcionarios y publica dónde votar

Las calles de pueblos y ciudades catalanas continuaron ayer llenas de manifestantes en respuesta a la ofensiva de Madrid contra el 1-O. A pesar de la entrada en vigor de la intervención de las cuentas de la Generalitat, el Govern de Carles Puigdemont adelantó el pago de las nóminas de los funcionarios con cargo a su propia tesorería.

El ministerio de Hacienda hizo efectiva ayer la intervención de las cuentas de la Generalitat, que en la práctica se ha traducido por ejemplo en que los colegios no tienen ni dinero para pagar el servicio de limpieza o que las ambulancias se encontraran por la mañana con que no les funcionaba siquiera el teletac para pasar por las autopistas. El departamento que dirige Cristóbal Montoro afirmó que tiene los datos para poder pagar el sueldo a los empleados públicos. Sin embargo, fue la conselleria que dirige Oriol Junqueras la que ya ha dado a los bancos orden de pago de las nóminas de este mes de sus funcionarios y empleados. La operación se ha hecho efectiva con una certificación de la Interventora General, Rosa Vidal, que acredita para qué son los fondos y que no se destinan a ninguna actividad relacionada con el 1-O. El mecanismo establecido prevé que el ministro de Hacienda dé su visto bueno a cualquiera de estos movimientos.

Desde el Govern se insiste en que nada impedirá el referéndum, aunque admiten que el operativo se ha visto alterado por las incautaciones de material por parte de la Guardia Civil y las detenciones de altos cargos. El propio Puigdemont publicó a través de su Twitter la web en la que los ciudadanos pueden consultar dónde votar el domingo de la próxima semana. Por poner un ejemplo, habrá urnas en CAPs, institutos y otros locales de la Generalitat en Lleida donde no es habitual votar. Sustituyen a la decena de locales municipales que la Paeria no ha cedido. En Barcelona, al menos hay un caso de un centro cívico municipal, que al estar abierto los domingos, nadie debería ceder las llaves y no se pondrían en riesgo funcionarios ni el ayuntamiento.

Hacienda ha intervenido las cuentas públicas y hay problemas hasta para pagar la limpieza de colegios

Ocho de los catorce detenidos el miércoles fueron puestos ayer en libertad con cargos

El Constitucional impone una multa de 12.000 euros al día al número 2 de Junqueras

Todo ello mientras se repitieron las protestas en las calles de pueblos y ciudades contra la ofensiva desde Madrid para frenar el 1-O. Entre las más multitudinarias, las que se registraron a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya o las de los estudiantes de todas las universidades, con alrededor de mil jóvenes de la UdL, por poner algunos ejemplos.

En este contexto, se conoció que el juez que ordenó el miércoles la operación policial por los preparativos del referéndum investiga si el Govern ha destinado a su organización las partidas presupuestarias de 6,2 millones de euros que el Parlament aprobó para la consulta y que fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional.

El magistrado encargó a los guardias civiles que intervengan cualquier indicio sobre “actuaciones encaminadas al desarrollo de las estructuras de Estado e independencia de Catalunya”.

Además, el Tribunal Constitucional impuso ayer multas de 12.000 euros diarios a Josep Maria Jové y a los cinco miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya, con lo que ha aplicado por primera vez la reforma legislativa que le permite imponer sanciones a altos cargos independentistas.

Cargos de sedición para los detenidos, que podrían acabar en prisión Ocho de los catorce detenidos el miércoles en la operación de la Guardia Civil contra el 1-O quedaron ayer en libertad con cargos. No es el caso del secretario general de Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, Josep Maria Jové, quien se negó a declarar ante la Benemérita y pasará hoy a disposición del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del referéndum. La juez le atribuye, como a otros altos cargos, los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación de caudales públicos y sedición. Este último puede comportar penas de hasta 15 años de cárcel.