Madrid deslegitima a Puigdemont y Junqueras para dialogar tras el 1-O

El Gobierno central aseguró ayer que el domingo no habrá ningún referéndum e hizo una oferta de diálogo para solucionar la situación en Catalunya, aunque cree que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, han quedado ya deslegitimados como interlocutores. El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió una reunión del Consejo de Ministros para analizar la respuesta a los posibles escenarios que se darán mañana. Lo que garantizó el Gobierno de Madrid es que “lo que suceda el día 1 no será un referéndum”, recalcó el ministro de Educación y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo y a la que asistieron todos los miembros del Gabinete.

Méndez de Vigo insistió en la supuesta ilegalidad del 1-O y que carece de garantías democráticas. Además advirtió de que el Gobierno catalán y sus socios de la CUP tendrán que responder ante los tribunales de la “muy grave deslealtad institucional” en la que están incurriendo. Una deslealtad que el Gobierno de Rajoy cree que afecta a los actuales responsables de la Generalitat para un futuro diálogo. El portavoz del Ejecutivo precisó que el Gobierno está pensando en el 1 de octubre y que el 2 “será otro día”, pero siempre desde una plena disposición al diálogo dentro de la legalidad. Al respecto señaló que Puigdemont “tendrá que saber si puede ser interlocutor o no” después de que, como president, esté siendo una de las personas que están actuando “al margen de la ley”. Fuentes del Ejecutivo fueron más explícitas al subrayar que tanto Puigdemont como Junqueras han quedado deslegitimados para dialogar tras el referéndum. El portavoz del Gobierno criticó el “caos organizativo” y la “improvisación” de un referéndum que según Puigdemont iba a consistir en una votación “como siempre” y que cree que ya solo desea que consista en “una votación como sea”. El Consejo de Ministros aprobó tres recursos ante el Tribunal Constitucional contra tres leyes autonómicas catalanas, entre ellas la ley de hacienda y protección social, que pretendía ser el embrión de una seguridad social catalana.