INFRAESTRUCTURAS TRIBUNALES
El rescate de las autopistas costará hasta 3.700 millones
El Tribunal de Cuentas alerta de la escasa información sobre el coste en las cuentas estatales || Son nueve vías en quiebra
El Tribunal de Cuentas (TC) estima en 3.718 millones de euros el “riesgo máximo” para el Estado por el rescate de las nueve autopistas de peaje en quiebra, tras avisar de la falta de información sobre esta contingencia en su informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2015.
El presidente del TC, Ramón Álvarez de Miranda, explicó ayer en la Comisión correspondiente del Congreso que dicha estimación no implica que los 3.718 millones se vayan a traducir en una “pérdida cierta” para el Estado, pero insistió en que las cuentas estatales deben incluir información sobre las contingencias más significativas.
El ministerio de Fomento estimó en menos de 3.500 millones el rescate de las nueve vías en quiebra
En términos generales mejoró la rendición de cuentas por parte del Estado, según dijo Álvarez de Miranda, para quien la fiabilidad de las cuentas públicas reside en el correcto funcionamiento de la Administración General del Estado (AGE) desde el punto de vista presupuestario y contable.
No obstante, el TC considera que existe un déficit de valoración en el patrimonio del Estado, si bien reconoció las dificultades que hay en el ámbito público para actualizar el valor de los activos conforme al criterio de prudencia.
Asimismo, explicó que la falta de imputación de algunos derechos y obligaciones en 2015 derivaron en una infravaloración del déficit público de entorno a 1.500 millones para una ejercicio en el déficit se rebajó al 5,16% del PIB, frente al 4,2% comprometido con Bruselas.
El pasado mes de septiembre, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció que los fondos acreedores de las nueve autopistas en quiebra recurrirán a los tribunales el rescate de las vías y que será así un juez quien determinará el coste que esta operación tendrá para las arcas públicas, esto es, el importe que el Estado deberá que pagar a los actuales concesionarios de las infraestructuras para compensar la inversión que realizaron en su construcción.
El ministro estimó el rescate en menos de 3.500 millones de euros.