Rajoy da cinco días a Puigdemont para que aclare si declaró la independencia

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene hasta el lunes para aclarar si en el Parlament declaró o no la independencia de Catalunya y hasta el jueves 19 para rectificar. De lo contrario, el Gobierno central activará el artículo 155 que permite intervenir la autonomía. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy

El Gobierno central envió ayer a la Generalitat un requerimiento que activa el artículo 155 de la Constitución y que da al president Carles Puigdemont hasta el lunes para que aclare si declaró la independencia y hasta el jueves para que, en caso positivo, rectifique y no la aplique. Este requerimiento fue aprobado en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Este segundo plazo, marcaría el inicio de la puesta en marcha del controvertido artículo. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, explicó en el Congreso que con este requerimiento quieren ofrecer “claridad y seguridad” tras la “confusión generada por Puigdemont” en el Parlament, cuando dijo que asumía el “mandato del pueblo para que Catalunya se convierta en un estado independiente en forma de república” y, acto seguido, propuso “suspender los efectos de la declaración” en aras del diálogo. Rajoy respondió ayer que “no hay mediación posible entre la legalidad y la desobediencia” y apostó por recuperar una Catalunya “mestiza” y un catalanismo “pactista e integrador” ya que, consideró, “el independentismo puede dar al traste con la mejor época de Catalunya”. Asimismo, pidió a Puigdemont “un mínimo de generosidad”.

Rajoy dijo que con el 1-O, el Govern “incumplió la ley, sentencias y su propia legalidad” y además “soliviantó las calles para simular una legitimidad democrática”. “El desorden, la división entre catalanes y la huida de empresas son dramáticas consecuencias de la violación de las leyes”, proclamó, e incidió en que la unidad de España no puede “parcelarse, malvenderse ni ser objeto de cambalaches, carambolas o trucos de magia”. Habló de “burdas manipulaciones sobre la Policía y la Guardia Civil” y quiso dejar claro que “los únicos responsables” son quienes “se empeñaron en mantener” esa convocatoria declarada ilegal y “organizaron grupos para impedir” a las fuerzas de seguridad cumplir su mandato. Dijo que “la realidad ha desmontado de un plumazo todas las falsedades en las que se había cimentado el mito de una independencia de cuento de hadas. No es pacífica, no es gratuita, no será reconocida por Europa y ahora todo el mundo sabe que tiene costes y muy elevados”. Sí se mostró dispuesto a dialogar sobre temas como los servicios públicos, la financiación, el perfeccionamiento del autogobierno o cómo mejorar la eficiencia.

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El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, aseguró ayer ante Rajoy que los independentistas nunca darán “un paso atrás” en su proyecto y que, aunque haya encarcelaciones e inhabilitaciones, la demanda sobre el derecho a decidir no va a desaparecer en Catalunya. Defendió la posición de Puigdemont y recalcó que, aunque la respuesta del Gobierno central sea “incrementar la represión”, responderán “siempre a la catalana, pacíficamente, pero nunca daremos un paso atrás”. Advirtió de que España está “a las puertas de volver a tener presos políticos” y recriminó que el rey, como sus antecesores Felipe IV y Felipe V, haya apostado por “la fuerza” y la semana pasada legitimara la “inaudita represión policial” del 1-O. El portavoz republicano adjunto, Gabriel Rufián, aseguró que “no es fácil extender la mano al diálogo a aquellos que enviaron a salvajes a apalizar a la gente” y pidió al Ejecutivo que “sean civilizados y demócratas por una vez en la vida y se sienten en una mesa de negociación y saquen a la policía política de las calles”.

Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, calificó de “generosa” la propuesta de Puigdemont de hablar y pidió al Gobierno central que acepte esa “oportunidad porque puede ser la última para una solución buena para todos”. Remarcó que el diálogo debe partir del reconocimiento de Catalunya como “sujeto político” y apuntó que Zoido tendría que haber dimitido por la actuación “inadmisible” de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Asimismo, el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, insistió en el diálogo. Afirmó que “no es momento de leyes o interpretaciones jurídicas sino de abrir un diálogo real entre los protagonistas del conflicto”. Consideró también que la propuesta de reforma de la Constitución pactada por PSOE y PP es una “coartada para no escuchar las demandas de Catalunya”.