Gobierno asegura que no aceptará una respuesta ambigua de Puigdemont

El Gobierno no aceptará una respuesta ambigua del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al requerimiento de que explique si declaró o no la independencia de Catalunya, y si optara por esa falta de claridad, aplicaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución. A tres días del plazo dado a Puigdemont para que conteste, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha presidido una reunión del Consejo de Ministros en la que el Gobierno ha instado al presidente de la Generalitat a que responda de forma clara y le ha advertido de que su actuación puede llevar a Catalunya a la recesión y a revisar a la baja la previsión de crecimiento económico de España para 2018.

En relación con el requerimiento que le ha enviado, el Gobierno ha recalcado que se trata de "una pregunta sencilla para acabar con un problema complejo" porque se trata sólo de responder sí o no. Ha sido la vicepresidenta quien, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gabinete (el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, no ha comparecido por asuntos familiares) ha subrayado que Puigdemont aún tiene la oportunidad de recuperar la normalidad institucional y poner fin a la inestabilidad.

o hará, ha explicado, si antes de que expire el plazo que le ha dado el Gobierno (las diez de la mañana del lunes 16 de octubre) asegura que no ha declarado la independencia de Catalunya.

Y el Ejecutivo no aceptará respuestas ambiguas, como podría ser, por ejemplo, que Puigdemont contestara enviando al Gobierno la transcripción de sus palabras del martes ante el Parlament, donde dijo que asumía el "mandato del pueblo" para que "Catalunya se convierta en un estado independiente en forma de república", pero, acto seguido, propuso "suspender los efectos de la declaración de independencia" para abrir la puerta al diálogo. "Eso no vale", han advertido fuentes del Gobierno, que han precisado que con esa respuesta activaría la segunda fase del artículo 155 de la Constitución. Por tanto, se mantendría en vigor el segundo plazo dado a Puigdemont, hasta las 10:00 horas del jueves día 19, para que rectifique su posición y vuelva a la legalidad.

De no hacerlo, el Ejecutivo seguiría adelante a partir de entonces con los pasos previstos para la aplicación del artículo 155 de la Constitución y decidiría las medidas que se propone aplicar y que tendrían que ser aprobadas por mayoría absoluta en el Senado.

Pero el Gobierno insiste en que, de momento, hay que esperar a conocer la respuesta que ha de dar antes de las 10.00 horas del lunes el presidente de la Generalitat. "En este fin de semana de reflexión, con puente de por medio, tiene la capacidad para restaurar la convivencia entre los catalanes", ha señalado. Sáenz de Santamaría no ha querido anticipar las medidas que se pueden poner en marcha si se aplica finalmente el artículo 155 del texto constitucional. "Vamos paso a paso. Está en su mano evitar actuaciones posteriores, depende de su voluntad y tiene un margen amplio para poder evitar actuaciones posteriores", ha dicho refiriéndose a Puigdemont. Y le ha emplazado para que deje de "dividir y empobrecer" a los catalanes, después de hacer hincapié en que el órdago secesionista está poniendo en riesgo la recuperación económica y la creación de empleo en la región, tal y como refleja el "parón" de la inversión y la "caída dramática" de las reservas turísticas en Catalunya. "La Generalitat está creando todas las condiciones para sumir a Catalunya en una profunda recesión", ha advertido.

En ese contexto económico, la vicepresidenta ha informado de que, si no se soluciona pronto la situación en Catalunya, el Gobierno bajará la previsión de crecimiento económico de España para 2018, que actualmente está en el 2,6 por ciento.

Sáenz de Santamaría ha pedido a Puigdemont que vuelva al orden constitucional y estatutario y acuda al Congreso a exponer sus propuestas, porque allí ha dicho que es donde están los "mediadores", en referencia a los diputados elegidos por los ciudadanos.

Dentro de la ley y en el marco del Congreso "hay un diálogo a su disposición", ha remachado Sáenz de Santamaría, que ha recordado que en breve empezará sus trabajos la comisión parlamentaria para el estudio y la modernización del Estado autonómico, previa a la reforma constitucional pactada con el PSOE. Ha puesto en valor asimismo el grado de consenso con este partido, con el que el Gobierno ha mantenido en las últimas semanas un "contacto muy cercano". Y sobre el alcance de la reforma constitucional, se ha limitado a indicar que el PP llevará sus propuestas, como el resto de partidos, y trabajará por lograr el mayor consenso.