El Gobierno central podría apartar a Junqueras de su cargo

El Gobierno podría intervenir la totalidad de los ingresos de Catalunya, incluidos los ingresos autonómicos que no controla por el momento y que suponen alrededor del 20% de los recursos totales de la comunidad, y podría apartar de su cargo al vicepresidente y consejero de Hacienda y Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, si finalmente el Ejecutivo llega a aplicar el artículo 155 de la Constitución, en caso de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no aclare si ha declarado unilateralmente la independencia de la comunidad autónoma antes del jueves a las 10 horas o responda en afirmativo, según informa Europa Press en su web.

Estas son algunas de las posibles medidas que podría llevar a cabo el Ejecutivo en caso de que la respuesta de Puigdemont sea afirmativa sobre la declaración de la independencia o no aclare si proclamó la semana pasada la DUI, lo que supondría que el Gobierno aplicaría finalmente el artículo 155 de la Carta Magna, según señalaron fuentes gubernamentales.

La posible intervención del Gobierno de Mariano Rajoy podría llegar a actuar sobre la totalidad de los ingresos de Catalunya, incluidos los ingresos propios provenientes de la recaudación de impuestos autonómicos. Hasta la fecha, la Generalitat puede realizar gastos de esa parte de recaudación de impuestos autonómicos, si bien el Ministerio de Hacienda podría llegar a 'absorber' también esa parte de ingresos hasta llegar asumir el control de los ingresos provenientes de todas las fuentes.

El pasado 15 de septiembre el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció un paquete de medidas "novedosas" para controlar los gastos de la Generalitat de Catalunya y que suponían 'de facto' una intervención parcial de las cuentas de esa comunidad autónoma.

En concreto, el Estado asumió el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Catalunya, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales, lo que en la práctica supuso pasar a administrar buena parte de los 1.400 millones de euros mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.

En este tiempo, según han precisado las mismas fuentes, el Gobierno ha habilitado un depósito del Estado en el Banco de España en el que deposita los recursos de financiación autonómica que corresponden a Catalunya, bloqueados para garantizar que no se destina dinero del erario público a fines soberanistas.

En cualquier caso, desde el Gobierno niegan que se haya llevado a cabo una centralización, sino que se ha procedido a la utilización de una "ley básica" para impedir que se utilicen recursos públicos que apoyen el desafío independentista.

Con la intervención del control del gasto, el Ejecutivo fijó también que la Generalitat debía comunicar a Hacienda todos los importes que se pagan con cargo a los servicios públicos fundamentales, como las nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales, a través de los informes de la interventora general de la Generalitat, quien debe firmar un certificado de que no se está financiando nada ilegal con cargo al erario público.

Con esos datos, el Gobierno ha estado realizando en el último mes directamente los pagos de las nóminas y de los gastos relacionados con Educación, Sanidad y Servicios Sociales que suman buena parte de los 1.400 millones de euros que recibe Catalunya cada mes con cargo al sistema de financiación autonómica.

PRÓRROGA DE PRESUPUESTOS

Hasta ahora Hacienda no había controlado la partida correspondiente a los impuestos cedidos a Catalunya, que suponen una recaudación de entre 240 y 250 millones de euros al mes, si bien estos resultarán intervenidos si finalmente se aplica el artículo 155.

A finales del mes pasado Hacienda también acordó la no disponibilidad de crédito de la Generalitat de Catalunya en el gasto de los servicios no fundamentales de esta comunidad autónoma, que afecta a unos 4.500 millones de euros, después de que venciese el plazo de 48 horas que el Gobierno dio a Puigdemont para que realizara un acuerdo de no disponibilidad de esa parte del Presupuestos que afecta a servicios no fundamentales.

De igual forma, los próximos pasos del Gobierno en caso de que se aplique el artículo 155 le llevarían a tener que hacerse cargo de la prórroga del presupuesto autonómico de la Generalitat de este año para el ejercicio 2018.