PP y PSOE pactan convocar elecciones y tomar el control de TV3 y los Mossos

El Consejo de Ministros concretará hoy qué medidas adoptará al amparo del artículo 155 de la Constitución, pero los socialistas ya se han adelantado a decir que, al amparo del pacto con el PP, el Gobierno central convocará elecciones en Catalunya en enero y tomará el control de TV3 y los Mossos. El Senado dará luz verde a las medidas el día 27.

A pocas horas para que el Consejo de Ministros active hoy por primera vez en 39 años de Constitución el artículo 155 con el paquete de medidas que ha consensuado con el PSOE y Cs, la fecha de las elecciones en Catalunya con las que culminaría esa intervención podría estar ya acordada para enero. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se pronunció, pero tanto desde el PSOE como desde Ciudadanos se apunta claramente a comicios en enero, y hay hasta quien afina más y fija el día 28.

Aunque el portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, considera “prematuro hablar de la fecha”, el líder de Cs, Albert Rivera, aseguró que él mismo pactó con Rajoy el miércoles en Moncloa el día. La exministra socialista Carmen Calvo confirmó también un pacto en esta línea entre Rajoy y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con el horizonte de enero.

Desde Bruselas, Rajoy subrayó que en Catalunya se ha llegado a “una situación límite” que obliga a su Ejecutivo a actuar y confesó tener la sensación de que “es lo que se pretendía por parte de algunos”, en alusión a los dirigentes independentistas. En rueda de prensa al término del Consejo Europeo, subrayó que el objetivo fundamental de las medidas, con un límite temporal que dijo que no está determinado, es volver al cumplimiento de la ley y a la normalidad institucional tras haber llegado a una situación en la que se “golpea la ley” y se “liquida el Estado de derecho”. Insistió en que la actual situación de inestabilidad en Catalunya puede afectar gravemente al crecimiento económico y a la creación de empleo por culpa de las “decisiones irresponsables” de políticos que “han sido incapaces de estar a la altura”.

Calvo, sin embargo, desveló algunas medidas que el Gobierno central puede poner en marcha en virtud del artículo 155 de la Constitución para intervenir el autogobierno catalán y podrían implicar tomar el control de los Mossos de Esquadra y TV3. Calvo dijo que los medios y las fuerzas de seguridad “tienen que ser neutrales” y cumplir el Estatut y la Constitución. También remarcó que “reponer la normalidad” en Catalunya “se traduce en las urnas.

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El Gobierno central activará hoy el artículo 155 de la Constitución, que no supone suspender la autonomía, pero que abre un amplio abanico de medidas que podrían incluso a suponer la suspensión directa del president o sus consellers. El presidente del Gobierno popular, Mariano Rajoy, afirmó ayer que no está previsto siquiera el límite temporal de su aplicación y remarcó que “no presupone usar la fuerza”. Calificó la aplicación del artículo de “medida de última instancia” e insistió en que ha intentado “por todos los medios” no tener que recurrir a este instrumento legal.

Este artículo no ha llegado a aplicarse nunca, solo en el año 1989 se activó cuando el gobierno canario se negó a aceptar la supresión de aranceles que implicaba la adhesión a la Comunidad Económica Europea. Felipe González envió un requerimiento previo al entonces presidente canario, Lorenzo Olarte, y le amenazó con retirarle las competencias. Tras 9 meses de negociación llegaron a un acuerdo y el artículo no se aplicó.

El 155 consta apenas de dos puntos, no ha sido desarrollado por ley y es lo suficientemente ambiguo como para que permita diferentes niveles de ‘dureza’. Desde el Gobierno central se insiste en que con su aplicación se pretende la “vuelta a la legalidad del Catalunya”.

Después de la activación por el Consejo de Ministros, la Mesa del Senado se reunirá hoy y está previsto que fije para el día 27 la votación de la propuesta del Ejecutivo central, que necesita mayoría absoluta. Previamente se creará una comisión para debatir el texto y dará a Carles Puigdemont un plazo de alegaciones e incluso podrá acudir a la cámara para defender su postura.