TRIBUNALES CORRUPCIÓN
El Canal de Isabel II compró una empresa sin conocerla
Una exdirectiva de la institución avaló adquirir Emissao por 30 millones viendo solo un ‘power point’ || El negocio resultó ruinoso
Agentes de la Guardia Civil ante la sede de Canal de Isabel II.
La exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond autorizó la comp
ra por 30 millones de dólares de la empresa brasileña Emissao basándose solo en un power point que aportó Edmundo Rodríguez Sobrino, hombre de confianza del expresidente madrileño Ignacio González.
En Canal compró la firma sin comunicarlo a Hacienda y sin solicitar un informe de valoración
Dio el visto bueno a esta operación, que resultó ruinosa para el Canal al perder Emissao en dos años su valor hasta los cinco millones, sin comunicarlo a la consejería de Hacienda ni solicitar una valoración independiente, según ella misma declaró en la Audiencia Nacional cuando fue detenida el 20 de abril en la operación Lezo.
Con su firma como apoderada, autorizó los pagos para la compraventa de Emissao en 2013 que fue amparada por el consejo de administración que ella integraba, tal y como explicó a preguntas del entonces juez del caso Lezo, Eloy Velasco, durante su comparecencia.
Velasco quiso también saber si la idea de esa compra surgió de Ignacio González, a lo que Richmond respondió que no oyó “a nadie decir que estuviera ordenado por él”.
Sin embargo, el exdirector general del Canal de Isabel II Adrián Martín afirmó tras ser detenido en la operación Lezo que fue González quien ordenó la compra de Emissao.
El exdirectivo admitió también que la “capacidad decisoria real del consejo de administración de Canal Extensia estaba un poco mermada”, pero aún así, aseguró que nunca sospecharon que hubiera ninguna ilegalidad. Richmond también negó que Emissao hubiese perdido su valor tras la compra. Además, en un momento del interrogatorio el juez quiso saber si parte del dinero empleado en la operación de compra se lo repartieron los investigados en comisiones. “No, no para nada. Yo no aparezco en ninguna de las cuentas, ni yo ni nadie afín a mí”, sostuvo ante el juez.
Al fiscal no le convenció su versión y acabó pidiendo prisión bajo fianza de 4 millones de euros, al apreciar indicios delictivos en la compra.
