La Fiscalía afirma que la trama Gürtel hizo de los sobornos “un modo de vida duradero”

La trama Gürtel liderada por Francisco Correa hizo de su enriquecimiento mediante sobornos y comisiones a cargos públicos del PP “un modo de vida duradero”. Esta es la conclusión a la que llegó ayer la fiscal Concepción Sabadell durante la exposición de su informe final sobre el caso, donde afirmó que los acusados crearon un entramado especialmente pensado para delinquir.

“Crearon un entramado societario y usaron una caja B que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo de Correa y de comisiones ilegales y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridades públicas”, subrayó la fiscal mientras explicaba cómo esquilmaron durante años las arcas públicas. En este sentido, argumentó que tanto los miembros del Gabinete del consistorio de Majadahonda (Guillermo Ortega, Carmen Rodríguez Quijano y los exconcejales y denunciantes del caso José Luis Peñas y Juan José Moreno) como los dirigentes de las empresas de la Gürtel (Correa; el exsecretario de Organización del PP en Galicia, Pablo Crespo; y la administradora Isabel Jordán) decidieron conjuntamente “qué”, “cómo” y “el precio” a contratar. Todos ellos acordaron “un sobreprecio que no beneficia al ayuntamiento, sino a los propios acusados y al PP, pues los contratos públicos se adjudicaron directamente a las empresas de Correa a cambio de comisiones para enriquecerse y apropiarse de fondos”.

Sobornaron a funcionarios de Majadahonda para “financiar” y “ahorrarle costes” al Partido Popular.

La Fiscalía solicitará en un mes la citación de los tres implicados en calidad de investigados

Asimismo, también recriminó a los 37 acusados haber utilizado el ayuntamiento de Majadahonda para financiar y ahorrarle costes al PP. Y es que los imputados relacionados con este consistorio “parasitaron, se infiltraron, controlaron la gestión y eliminaron órganos de control” con la “intención de lucrarse ilícitamente” durante la etapa de Guillermo Ortega (para el que se piden 50 años y 4 meses de prisión) como alcalde entre 2001 y 2005.

Por último, Sabadell destacó que la exmujer de Correa, para la que solicita 35 años y siete meses de prisión, no se encuentra acusada por su condición marital, sino por sus “propias actuaciones en el Ayuntamiento de Majadahonda” y que no da credibilidad a que los regalos que hizo el empresario al exalcalde se enmarcasen dentro de la amistad entre ambos. “La supuesta relación de amistad sólo se extiende cuando Ortega es alcalde y cesan cuando deja de serlo”, aclaró.

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La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid entre los años 1995 y 2003, los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental.

El Ministerio enmarca la conducta supuestamente delictiva de Ruiz-Gallardón en la adquisición por 83 millones de euros públicos de la sociedad Inassa en el año 2001, una operación mediante la que Gallardón puso en marcha la expansión del Canal de Isabel II en Latinoamérica y con la que medió un sobreprecio superior a 25 millones de euros. En este sentido, también considera responsables al antiguo consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Juan Bravo, y a Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, el que fue el director financiero del Canal.

Por todo ello, Anticorrupción tendría previsto solicitar en un mes la citación de todos ellos en calidad de investigados, para que expliquen la controvertida adquisición ante el juez Manuel García Castellón, que instruye el llamado “caso Lezo”.

Durante los últimos meses la Fiscalía ha ido encargando a la unidad de apoyo de la Intervención General del Estado que cuantifique al céntimo el sobrecoste abonado por la Comunidad de Madrid a cambio de Inassa, que era propiedad originariamente de Aguas de Barcelona.

En este sentido, pedirían las citaciones de Ruiz-Gallardón y todo su equipo implicado cuando concluyan los cálculos a realizar por parte de los interventores.

La gerente del PP responsabiliza a Valencia de sus cuentas La gerente nacional del Partido Popular, Carmen Navarro, acudió ayer a los juzgados de Valencia para declarar como investigada en una de las piezas del caso Imelsa, en la que se investiga un supuesto delito de financiación ilegal del PP a través de comisiones ilegales, amaños de contratos públicos y blanqueo de capitales. Durante su declaración, responsabilizó al grupo municipal de Valencia de sus cuentas y defendió que Génova no estaba obligada a fiscalizarlas. Asimismo, afirmó que le consta como autorizados en estas cuentas el expresidente del Partido Popular de Valencia Vicente Betoret y el exvicesecretario de organización provincial del PP Juan José Medina.