La Gürtel atentó contra el Estado de Derecho y tendrá una costosa repercusión social

La fiscal Concepción Sabadell concluyó ayer, durante la exposición del informe de conclusiones finales con respecto a los 37 acusados por los primeros años de la trama Gürtel (1999-2005), que la actuación de la red liderada por Francisco Correa tendrá una “costosa reparación social”, además de haber atentado contra el “Estado de Derecho”.

La representante del Ministerio Público, que lleva tres días explicando sus conclusiones ante el tribunal de la Audiencia Nacional, dijo que existe una “abrumadora prueba documental” sobre los hechos analizados en esta causa. Y es que, según Sabadell, las actividades de la trama Gürtel son de “extrema gravedad, no sólo por la naturaleza de los delitos”, sino por el “perjuicio” ocasionado a las arcas públicas “durante un largo periodo de tiempo”. Tal y como recalcó en las sesiones anteriores, la red corrupta estuvo en contacto con algunos funcionarios y altos cargos públicos presentes en administraciones “gobernadas por el PP” y que “aceptaron sobornos para enriquecerse con fondos públicos”. En este sentido, destacó que los 37 acusados “faltaron a sus deberes éticos y profesionales, prevaricaron y dictaron resoluciones injustas siempre con base en los sobornos y además desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y del grupo Correa, malversando así los caudales públicos”.

La actividad de la trama “ha agravado la confianza de los ciudadanos en la administración pública”

El PP “en su conjunto” se benefició de la actividad delictiva del exalcalde de Pozuelo de Alarcón

Para la Fiscalía los acusados “atentaron contra el Estado de Derecho y su actuación resultará de muy costosa reparación social”, además de subrayar que la actuación de la Gürtel ha agravado la “confianza de los ciudadanos en la administración y la gestión de la contratación”.

Una sentencia “ejemplar”

Asimismo, el abogado del Estado, Edmundo Bal, pidió ayer al tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar a los acusados implicados en la Gürtel que dicten una sentencia “ejemplar” para que los empresarios españoles no vuelvan a tener la “tentación” de sobornar con la intención de ser beneficiarios de una adjudicación pública. “La sentencia tiene que servir para que el empresario español que se vea en la tentación de sobornar diga: ‘jolín, qué miedo me da, fíjate la cantidad de años de cárcel que le han caído a estas personas’”, dijo Bal durante el turno de exposición de su informe de conclusiones finales.

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Según la Fiscalía Anticorrupción, el Partido Popular también se lucró de las actividades de la red corrupta en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, así como la exministra de Sanidad y exmujer del exalcalde de este municipio, Ana Mato. “Hubo cobros en efectivo y en especie de los que se beneficiaron Ana Mato y el PP”, afirmó la fiscal Concepción Sabadell. El Ministerio Público, que lleva tres días exponiendo su informe final de conclusiones sobre este caso de corrupción, ya expuso en las sesiones anteriores que los 37 acusados hicieron de su enriquecimiento mediante sobornos “un modo de vida duradero”. En este sentido, añadió ayer que es el Partido Popular “en su conjunto”, y no su grupo municipal, el que se “ha beneficiado” de la “actividad delictiva del exalcalde de Pozuelo de Alarcón”, que se cifra en un total de 111.864,32 euros, en relación a actos de campaña en 2003 y la reforma del despacho del alcalde.

Sabadell también señaló que no se sabe dónde están 4.100.000 euros de los más de diez millones que el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ocultó en cuentas bancarias de Suiza y añadió que el hecho de que Bárcenas, para quien pide 39 años de prisión, se acogiera a la denominada “amnistía fiscal” en la declaración de fondos ocultados en las cuentas bancarias de Suiza, no le exime en ningún caso de responsabilidad penal.

Corrupción en la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre Anticorrupción aseguró que el exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo controlaba todos los actos en los que asistía la expresidenta regional Esperanza Aguirre e indicó con qué empresas contratar los mismos y que se fraccionasen las facturas. Según la fiscal, cuando López Viejo era concejal de Limpieza Urbana y Desarrollo Ambiental ya era conocedor de las “irregularidades” a la hora de hacer una “selección intencionada” de una empresa adjudicataria y de “asumir la falsedad” de las facturas. “La Administración no puede pagar un servicio que no se ha prestado”, sentenció Sabadell.