El fiscal acusa al Govern de alentar una "insurrección"

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, acusa a los responsables del Govern y de la Mesa del Parlament de alentar "una insurrección" y "un levantamiento violento" con el fin de celebrar el referéndum del 1-O y consagrar la independencia, lo que, a su juicio, constituye un delito de rebelión.

La Fiscalía argumenta en sus querellas que la violencia que requiere el delito de rebelión no exige que se esgriman armas, ni combate ni violencias graves contra las personas. Es suficiente con que "el alzamiento, por sus características y por el número indeterminado de personas implicadas," sea de tal dimensión que tenga "capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuación a las fuerzas del orden", conscientes de que cualquier oposición a los planes rebeldes generará violencia.

El fiscal asegura que los querellados no buscaban solo el apoyo ciudadano para llevar a cabo su proyecto independentista, sino que, a través de las entidades soberanistas, realizaron llamamientos a la movilización popular "como medio intimidatorio y violento para conseguir el fin secesionista". Por este motivo, Maza acusa de rebelión "o cuanto menos de sedición" a una veintena de dirigentes soberanistas, entre ellos el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, todos los miembros de su Govern, cesados el pasado viernes en aplicación del artículo 155 de la Constitución, y seis miembros de la Mesa del Parlament, incluida su presidenta, Carme Forcadell.

Considera el ministerio público que todos ellos promovieron y utilizaron "la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población" y que llamaron a la insurrección para conseguir la independencia de Cataluña.

Si así fuese, habrían incurrido en un delito de rebelión, penado de entre 15 y 25 años de prisión para los jefes o instigadores y de hasta 30 si se han esgrimido armas, causado estragos o ejercido la violencia.

Para la Fiscalía, la resolución de los querellados de cometer este delito fue "firme" en tanto que, para conseguir la independencia, "procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público". Y además invitaron "a determinados mandos de los Mossos d'Esquadra" a que facilitasen la celebración del referéndum el 1-O. Una propuesta, a juicio de la Fiscalía, "consistente y generadora de un peligro manifiesto para quebrar las bases de España".

Es la Audiencia Nacional la que, según la Fiscalía, debe investigar a Puigdemont y a sus consellers en tanto que es el tribunal competente para los delitos de sedición y rebelión y dado que los investigados perdieron su condición de aforados el pasado viernes, al ser cesados. Además, justifica la competencia de este tribunal al establecer que "los hechos desbordan claramente los contornos territoriales" y que "afectan a la esencia misma del Estado español".

En caso de que los hechos no sean constitutivos de un delito de rebelión, el ministerio fiscal cree que sí que lo serían de sedición, entendido éste como el alzamiento público y tumultuario para impedir "por la fuerza o fuera de las vías legales" la aplicación de la Ley o las resoluciones administrativas o judiciales.

La Fiscalía también les acusa de malversación por el "uso ilegal de fondos públicos" que realizaron para permitir la celebración del 1-O.