La Fiscalía se querella contra Puigdemont, el Govern y Forcadell por rebelión, sedición y malversación

La Fiscalía se ha querellado este lunes contra el "expresidente" de la Generalitat Carles Puigdemont y el resto del Govern por delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y ha dirigido una segunda querella al Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración de independencia.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, quien ha explicado que en las querellas se solicita que sean citados los querellados "en orden a la eventual solicitud de medidas cautelares, atendiendo a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados"

Pide fianzas de seis millones de euros

La Fiscalía solicita sendas fianzas de seis millones de euros en las querellas contra Carles Puigdemont y el resto del Govern ante la Audiencia Nacional como en la presentada ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa.

En ambas querellas por delitos de rebelión, sedición y malversación, el Ministerio Fiscal interesa que se les cite a todos con "carácter urgente" para declarar ante la Justicia y que "se acuerden las medidas cautelares que se estimen pertinentes para el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en que pudieran incurrir los ahora querellados".

De este modo, la Fiscalía pide que se incluya "la exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros".

El fiscal reclama detener a los querellados si no comparecen

Las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado ante la Audiencia Nacional y el Supremo contra los dirigentes del proceso soberanista solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su "inmediata detención".

El fiscal, en sus querellas por delitos de rebelión, sedición y malversación, pide la citación para valorar la adopción de medidas cautelares contra la veintena de querellados, entre los que están todos los exmiembros del Govern y seis miembros la Mesa del Parlament.

Considera el Ministerio Público que la urgencia de las citaciones tiene en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, "la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas.