Puigdemont y parte de su Executiu, en Bélgica y el fiscal presenta sus querellas

El president Puigdemont y al menos 5 exconsellers viajaron ayer a Bruselas donde no se descarta que pidan asilo político. El Executiu destituido comparecerá hoy martes para explicar las razones de su viaje, que ayer lo situó en los Flandes. El fiscal Maza presentó ayer sendas querellas contra 20 personas, del Govern cesado y del Parlament.

Hacia el mediodía saltaba la noticia en todos los portales informativos: Carles Puigdemont no está ni en Catalunya ni en España, se desplazó ayer a Bélgica junto al menos otros cinco consellers y no se descarta que se les unan otros miembros del Executiu destituido a tenor del artículo 155 aprobado por el Senado y se baraja la posibilidad de que pidan asilo político. En Bélgica harán una comparecencia hoy, martes. El traslado de Puigdemont y los exconsellers Raül Romeva, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Toni Comín y la leridana Meritxell Serret a Bruselas se enmarca en el proceso abierto por el 155 y está vinculado a las querellas que ayer presentó el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza: contra el president Puigdemont y los 13 miembros de su ejecutivo (antes de la dimisión de Santi Vila, también querellado) ante la Audiencia Nacional por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y otros “conexos”.

La Fiscalía general envió tras la comparecencia de Maza un documento a los medios de comunicación sobre el contenido de las querellas y en los ‘metadatos’ el documento aparecía bautizado bajo el epígrafe “Más dura será la caída”, lo que suscitó no pocas críticas. Solo el delito de rebelión podría acarrear penas de 15 a 30 años. La segunda querella es ante el Supremo contra la presidenta del Parlament, Carme Foradell, y 5 miembros de la mesa (entre ellos, la leridana Ramona Barrufet), por los mismos delitos. El Supremo se pronuciará hoy sobre si admite a trámite la acusación. Además, Maza abrió la puerta a pedir prisión provisional a los encausados y a reclamar una fianza o embargos por valor de 6.207.450 euros. El fiscal ordenó citarles a declarar de forma urgente bajo amenaza de detención. El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, no pudo asegurar que el president vaya a comparecer ante la Audiencia Nacional si se admite a trámite la querella. El debate es sobre la aceptación del delito de rebelión. En Bélgica, Puigdemont contrató como asesor a un abogado que había defendido a miembros de ETA.