Advocats per la Democràcia acusan al fiscal de mentir

Abogados leridanos criticaron ayer la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado a los ciudadanos que resultaron heridos en las cargas policiales del pasado 1 de octubre en diferentes colegios electorales de Ponent y cargaron contra la falta de razón jurídica en las querellas presentadas contra cargos del Govern por rebelión y sedición. En sus escritos de acusación contra el Govern y la Mesa del Parlament, el fiscal Maza dice que fueron los votantes los que agredieron a policías en Lleida, sin hacer mención en ningún momento a los 129 ciudadanos agredidos por agentes en las diferentes actuaciones policiales en los colegios electorales como en la Mariola, Cappont o Alcarràs. Al respecto, Carles Aguilà, portavoz de la asociación Advocats per la Democràcia, dice que se intenta ocultar lo que pasó el 1-O y justificar la imputación de los delitos de rebelión y sedición, al señalar que hubo violencia por parte de la población hacia los cuerpos policiales. Sin embargo, apunta a los diferentes partes de lesiones que se han presentado hasta ahora y del balance médico que elevó a más de mil los heridos en toda Catalunya. Los abogados recuerdan que hay numerosas pruebas de esta violencia policial.

El consistorio de Barcelona atiende a 294 afectados por las cargas del 1-O ? El ayuntamiento de Barcelona ha atendido a 294 personas afectadas por las cargas policiales del 1-O. El teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Jaume Asens, presentó ayer un informe en el que se llega a la conclusión de que se trata del “episodio de violencia institucional masivo más grave en Barcelona pero seguramente también en Europa”. Asens confirmó que el ayuntamiento ejercerá la acusación particular en el caso del hombre que perdió la visión de un ojo por un impacto de una bala de goma, pero también avisó de que el consistorio tendrá un papel activo en otras situaciones si la Fiscalía “sigue con su actitud obstruccionista”. El informe de la oficina de atención a personas afectadas señala que la intervención policial tuvo “un excesivo uso de la fuerza” con el objetivo de “desmovilizar y crear el pánico”.