El juez dicta prisión eludible con fianza de 150.000 € para Carme Forcadell

El juez del Supremo Pablo Llarena decretó anoche prisión eludible bajo fianza de 150.000 € para la presidenta del Parlament Carme Forcadell y libertad bajo fianza de 25.000 para 4 miembros de la Mesa: la leridana Ramona Barrufet, Anna Simó, Lluís Corominas y Lluís Guinó. El otro encausado, Joan Josep Nuet, quedó libre sin medidas cautelares.

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell ingresó anoche en la prisión de Alcalá Meco a la espera de reunir los 150.000 euros de fianza fijados por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ante el que ella y cinco miembros de la Mesa del Parlament -la leridana Ramona Barrufet, Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó (todos de JxSí) y Joan Josep Nuet (CSQP)- declararon investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación al permitir la votación de la declaración de independencia. Forcadell es la única encarcelada, ya que el juez dictó libertad bajo fianza de 25.000 € para Barrufet, Corominas, Guinó y Simó, a los que da una semana para abonarla. Una vez la hayan depositado, no podrán salir de España, se les retirará el pasaporte y deberán acudir semanalmente al juzgado. Nuet quedó libre sin medidas cautelares. Fiscalía pedía prisión incondicional para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó, prisión bajo fianza para Barrufet y libertad con medidas cautelares para Nuet. Según fuentes jurídicas, antes de concluir la vistilla en la que Fiscalía hizo su petición, Forcadell y los otros 4 miembros de JxSí manifestaron que renuncian a la vía unilateral para la independencia. En su declaración previa, Forcadell -al igual que Barrufet, Corominas, Simó y Guinó- asumió la aplicación del artículo 155 y que la declaración de independencia aprobada era un acuerdo “político” con un valor “declarativo y simbólico”. Según fuentes judiciales, Barrufet fue más allá y declaró que el referéndum del 1-O no tenía validez por falta de garantías. Forcadell alegó que evitar el debate parlamentario “hubiera incumplido la legalidad internacional y los principios del estado democrático”.

El auto del juez indica que todos “han asumido la intervención derivada de la aplicación del artículo 155” y que “o bien renuncian a la actividad política futura o, los que desean seguir ejerciéndola, lo harán renunciando a cualquier actuación fuera del marco constitucional”. Dice que el riesgo de fuga “se difumina” porque han declarado cuando han sido citados, a diferencia de “otros actualmente fugados”, en referencia a Puigdemont y 4 exconsellers.

La causa contra el Govern, hacia el Supremo

El juez instructor de la causa por rebelión contra Carme Forcadell y cinco miembros de la Mesa del Parlament en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, también requirió ayer al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) toda la causa que se abrió allí contra estos mismos cargos del Parlament por desobediencia, malversación de caudales públicos y prevaricación. Asimismo, señalaron que partes personadas en el proceso en el TSJC han pedido a Llarena que también asuma la causa abierta en este mismo tribunal contra el Govern de Carles Puigdemont, pero de momento el juez instructor no se ha pronunciado sobre este punto. Asimismo, en la Aduciencia Nacional hay otro sumario contra el Govern por rebelión, sedición y malversación por el que 8 exconsellers están ahora en prisión. Las mismas fuentes creen probable que si Llarena pide la causa del TSJC contra el Govern, la instrucción iniciada en la Audiencia Nacional también acabe en el Supremo, haciendo así que todas las causas judiciales por el proceso independentista sean instruidas por el alto tribunal. Precisamente, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela rechazó ayer los recursos de reforma contra la orden de prisión incondicional presentados por el exvicepresidente Oriol Junqueras y los siete exconsellers. Ahora, pueden presentar recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, órgano formado por varios magistrados. Las defensas de los exconsellers afirmaban en los recursos que la prisión preventiva “lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política” en las elecciones del próximo 21 de diciembre. Además, consideraban que no puede haber reiteración delictiva porque con la aplicación del artículo 155 ya han sido cesados de sus cargos en el Govern y proponían medidas cautelares “menos gravosas” como la retirada de pasaporte, la prohibición de salir de España o una fianza económica.