El PP alega falta de pruebas para intentar salir impune del caso Gürtel

El PP alegó ayer ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados de participar en los primeros años de actividades de la trama Gürtel (1999-2005) “ausencia de prueba, vacío probatorio, imprecisión e inconcreción” para salvarse de cualquier condena.

Así lo dijo el abogado de la formación política, Jesús Santos, en su informe final en el juicio que termina hoy. “Todo es mera conjetura. Con este grado de imprecisión, el tribunal no podrá acusar al PP. No hay ni un solo dato para atribuir el uso de un beneficio y enriquecimiento”, alegó al tribunal.

Anticorrupción reclama al PP 245.500 euros y a Ana Mato, 28.500 euros por los regalos y eventos familiares

El letrado precisó que no se ha acreditado quién es el “supuesto perjudicado” porque no se ha comprobado si el dinero utilizado para las actividades corruptas pertenecía a las arcas de los ayuntamientos.

Además, aseguró que las actividades que realizó el líder de la red corrupta, Francisco Correa, en los ayuntamientos madrileños de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón eran “actos a escondidas” para la formación política. Anticorrupción reclama al Partido Popular un total de 245.492 euros por las actividades presuntamente delictivas que cometieron los exalcaldes de Majadahonda (133.628 euros) y Pozuelo de Alarcón (111.864 euros), Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, respectivamente. Santos afirmó que no debe responder a la cuantía que se reclama por la campaña electoral del 2003 porque, de ser considerado culpable, esta acción ha prescrito.

Por su parte, la abogada de la abogada exministra Ana Mato reprochó a Anticorrupción que sus conclusiones han causado un “grandísimo daño a su reputación”. Así lo manifestó la letrada Julia Muñoz, que destacó que Mato es la “primera interesada” en demostrar que no ha obtenido un “beneficio alguno” de los hechos que se están enjuiciando. La Fiscalía le reclama 28.467,53 en regalos y eventos familiares como partícipe a título lucrativo .

González conspiró con amigos sobre sus problemas judiciales Poco antes de que estallara el caso Lezo, el expresidente madrileño Ignacio González, conocedor de que estaba siendo investigado, empezó a desarrollar con sus amigos más cercanos, como el exministro del PP Eduardo Zaplana, sus teorías de la conspiración sobre el origen de sus males judiciales. Eso hace que conversaciones con sus conocidos filtradas carezcan de espontaneidad y parezcan más bien dirigidas al diseño de una coartada en la que implica desde al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hasta a los empresarios Juan Miguel Villar Mir y a su yerno Javier López Madrid, envuelto en los últimos años en no pocos asuntos turbios. Como no podía faltar, también aparecen Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta, el excomisario José Manuel Villarejo y hasta el pequeño Nicolás. Nombres que adereza, cada vez que los menciona, de su insulto predilecto: “hijo de puta”.