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Puigdemont ve al Estado “capaz de todo” y la CUP dice que preveía provocar en las calles
Marta Rovira acusó a Madrid de amenazar con “muertos en la calle” si seguían con los planes independentistas || El cardenal arzobispo Omella niega “categóricamente” amenazas en la mediación
Carles Puigdemont desde Bruselas y el candidato al 21-D de la CUP, Carles Riera, avalaron ayer las polémicas acusaciones de Marta Rovira, que el viernes aseguró que Madrid les amenazó con “violencia extrema con muertos en la calle” si seguían firmes con sus planes independentistas. El President acusó al Gobierno español, vía Twitter, de recurrir a “la estrategia del miedo”, que “siempre va acompañada de violencia” y señaló que “un Estado que tenía como confidente policial al cerebro de los atentados de Barcelona no tiene límites” y “es capaz de todo”. Asimismo, Puigdemont subrayó que rehuyen la violencia y que su estrategia se basa en “la esperanza y de paz”.
En esta misma línea, Carles Riera aseguró que les constaba que Madrid preveía generar “conflictos violentos en las calles” y culpabilizar a la izquierda independentista de ellos con el objetivo de frenar la implantación de la República. El cupaire también eludió revelar, al igual que hizo un día antes la dirigente republicana, las fuentes que les informaron de estos planes. El diario Ara, sin embargo, apuntaba ayer que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, es uno de los que podría haber alertado a Carles Puigdemont de una posible reacción violenta del Estado.
El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, negó, entretanto, “categóricamente” que en su intento de mediación entre los Ejecutivos catalán y español antes de la Declaración Unilateral de Independencia se advirtiera de violencia del Estado. En un escueto comunicado, el cardenal desmintió “las noticias aparecidas en diversos medios sobre las informaciones de violencia de Estado”.
Por otra parte, Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers que lo acompañan en Bélgica
−Toni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Lluís Puig−
ya preparan su defensa de cara a su próxima cita con la justicia belga del 4 de diciembre, tras conocer este viernes que la Fiscalía de Bruselas pedirá su entrega a España. La Fiscalía belga no apreció “corrupción”, sino “conspiración” y “malversación” por parte de los miembros del Govern.
