El Congreso da luz verde al nuevo concierto económico y al cupo vasco, de 1.300 millones

El pleno del Congreso de Diputados aprobó ayer la modificación del concierto económico vasco y la nueva metodología de señalamiento del cupo para los próximos cinco años, fijados en 1.300 millones de euros anuales, pese a que ambas normas recibieron más votos en contra que nunca. Y es que la aprobación de esta financiación especial para Euskadi es resultado de la negociación entre el PP y el PNV para desbloquear los presupuestos del Estado de 2018. En total, los 292 votos de apoyo de contrastaron con los 36 en contra de Ciudadanos y Compromís, al considerar las regulaciones que privilegian al País Vasco en relación a la resta de comunidades autónomas.

El Gobierno central, representado por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defendió las dos medidas porque son “fruto del diálogo” con las instituciones vascas, recuperando el acuerdo tras 10 años de desavenencias. Además, los más de 1.000 millones de euros anuales responde a que los ciudadanos vascos “contribuyen como los demás a financiar los servicios públicos, incluso más, porque tienen impuestos más altos”.

La ley del cupo vasco para los años 2017-2021 fija la cuota de lo que la comunidad debe pagar al Estado por las competencias no transferidas y los servicios comunes (Defensa y infraestructuras, entre otras). Aun así, lo que realmente acabará pagando el País Vasco variará en función de los descuentos que se apliquen por distintos conceptos, que no serán los mismos de un año para otro.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, censuró en el Congreso la aprobación de estas medidas, que calificó de “cuponazo” y “amaño político”. “La constitución no permite la discriminación económica de los ciudadanos por los territorios donde viven”, afirmó Rivera, quien reiteró que “el cuponazo es un privilegio que no responde a un cálculo técnico sino a un amaño político”. Asimismo, el líder de Ciudadanos también criticó la tramitación exprés de las leyes. “¿Por qué no es urgente pensar en las otras comunidades y sólo es urgente pensar en el acuerdo con el País Vasco?”, preguntó. Llegados a este punto, Montoro replicó a Rivera para pedirle respeto a la hora de exponer sus diferencias políticas, “más allá de epítetos y calificativos”, y enmarcó su duro tono en la campaña electoral del 21-D. “No trabajamos para eso. Vaya forma de favorecer el entendimiento en esta cámara”, zanjó el ministro, a la vez que acusaba a Rivera de querer “llevar al enfrentamiento a los españoles”.

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La aprobación del cupo vasco evidencia las diferencias respecto a la financiación autonómica, pues desde el PSOE urgen al Gobierno central presentar un nuevo sistema autonómico para este año. En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reiteró ayer que hasta enero no se empezará a hablar de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y que “hay que ir paso a paso”. El sistema de financiación autonómica que defiende el PSOE sigue incluyendo a Catalunya dentro del régimen general que rige para todos los territorios con la única excepción de País Vasco y Navarra y, según la presidenta andaluza, Susana Díaz, Rajoy tiene la “responsabilidad” de que “salgan las cuentas” para este nuevo modelo: “Si tiene que poner más recursos, que los tiene que poner, habrá que hacerlo”, afirmó Díaz.

Para Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, las comunidades forales deberían aportar al fondo de solidaridad derivado del nuevo sistema de financiación autonómico. “Las comunidades forales han de aportar en el fondo de solidaridad que ha de tener el nuevo sistema, que tiene que garantizar la equidad y la igualdad entre los ciudadanos, así como la seguridad de los territorios”, subrayó Puig, que considera que no es posible que su comunidad aporte al sistema estando “empobrecida”, mientras que otras no lo hacen. De esta manera, Puig pide apoyo a los grupos parlamentarios con representación en las Cortes para que se sumen a una declaración institucional en la que se exija al Gobierno central “que cumpla su compromiso de la Conferencia de Presidentes, para que antes de que acabe 2017 haya un nuevo modelo de financiación”.

Por su parte, el coordinador del PDeCAT, Jordi Xuclà, afirmó que con la financiación autonómica no se tapa la realidad catalana. “Si Montoro quiere hacer un soliloquio consigo mismo sobre financiación autonómica...”, ironizó Xuclá, quien insistió en emplazar al Ejecutivo a respetar los resultados de las elecciones autonómicas.

Los líderes políticos critican la decisión del Congreso El lehendakari, Iñigo Urkullu, agradeció ayer a través de las redes sociales el apoyo obtenido por el Congreso a las leyes económicas de su comunidad, medidas que también despertaron un aluvión de críticas desde diferentes comunidades, como la del portavoz de IU en el Parlamento asturiano, Gaspar Llamazares, ya avanzó ayer que su Grupo propondrá a la Cámara autonómica que recurra el cupo vasco ante el Tribunal Constitucional, pues considera que “en este momento de discusión del nuevo modelo financiación es discriminatorio y enrarece el ambiente para llegar a un acuerdo necesario”. Asimismo, desde Galicia el jefe del Ejecutivo gallego y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, defendió que él no discute el concierto vasco, que es “un precepto constitucional”, pero manifestó su convicción de que “la cuantía, es decir, el cupo” debería ser “explicado” en riguroso detalle por el Gobierno central que dirige Mariano Rajoy al resto de presidentes autonómicos.