González y Zaplana, citados como testigos de la caja “b”

El juez de la Audiencia Nacional citó ayer en calidad de testigos en la causa sobre la caja ‘b’ del PP al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, así como al ex director general del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, y el fundador del Grupo Intereconomía, Julio Ariza. El magistrado los ha llamado a declarar el próximo 18 de diciembre tras conocer la existencia de un vídeo con el que se habría chantajeado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para aceptar presuntos pagos irregulares al PP. Asimismo, estas declaraciones tendrán que “verificar si han tenido lugar” las entregas anotadas en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ del empresario Rafael Palencia.

En la misma resolución, el juez José de la Mata cita como imputado al expresidente de la filial Degremont Ibérica, José del Castillo, para comprobar si “pudiera ser conocedor de la práctica verificada en la mercantil de abonar comisiones por adjudicaciones de obras, así como en materia de pagos al Partido Popular”.

El TS estableció que para abrir juicio debe haber una acusación de un perjudicado

El también expresidente de Degremond, el empresario Rafael Palencia, que estaba citado a declarar el pasado 14 de noviembre, se negó a responder a las preguntas relacionadas sobre el citado vídeo en el que presuntamente aparece reconociendo donaciones al PP. Sí lo hizo el que fuera director general de la compañía, quien insinuó que Del Castillo podría ser conocedor de esta práctica de pagos en ‘b’.

El PP invoca la doctrina Botín en el caso BárcenasEl PP ha invocado la doctrina Botín para evitar sentarse en el banquillo por el supuesto borrado de los discos duros de los ordenadores usados por el extesorero Luis Bárcenas en la sede nacional del partido, al afirmar que ni el exsenador ni la Fiscalía acusarán por estos hechos. Lo hizo ayer en un escrito dirigido al Juzgado número 32 de Madrid, en el que pide el sobreseimiento libre y archivo de la causa para la formación política y la tesorera, Carmen Navarro; una vez la Audiencia Provincial ha confirmado su procesamiento en la causa por presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento. Se trata de una jurisprudencia fijada por el Supremo en 2007 que establece que para que se abra juicio a una persona por determinados delitos debe ser acusada por alguien directamente perjudicado, en este caso Luis Bárcenas. Según el PP, “el supuesto perjudicado por el delito no tiene interés en continuar el proceso penal, y tampoco concurre el interés general del Ministerio Fiscal, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la ausencia de relevancia penal de los hechos”.