ELECCIONES
El juez belga decidirá el día 14 si entrega a España a Puigdemont
El fiscal avala la extradición de él y sus cuatro exconsellers por 4 de los delitos que se les imputan || Su defensa insiste en que en Madrid no recibirán un juicio justo
La vista sobre la posible extradición de Puigdemont atrajo gran expectación entre la prensa.
El juez del Tribunal de primera instancia belga que debe decidir sobre la entrega a España Carles Puigdemont y cuatro exconsellers hará público su fallo el próximo 14 de diciembre.
Así lo anunciaron ayer tres de los 19 abogados que forman el equipo de defensa de los políticos catalanes, al término de la vista que se celebró en la Cámara del Consejo de Bruselas.
En la vista, que duró unas tres horas, la Fiscalía de Bruselas reiteró que avala la extradición de los políticos catalanes por cuatro de los cinco delitos que les imputa la Audiencia Nacional –todos menos el de prevaricación–. El Ministerio Público cree que los delitos de rebelión, sedición y desobediencia podrían tener encaje en el ordenamiento jurídico belga bajo el marco de “conspiración de funcionarios”, mientras que la malversación de caudales públicos podría corresponder con “malversación por parte de funcionarios”.
La defensa, sin embargo, rechazó esta posibilidad y argumentó que “no debe haber lugar a una extradición” porque, a su juicio, los hechos que se juzgan “no son punibles en Bélgica”, según explicó uno de los letrados, Christophe Marchand. Jaume Alonso-Cuevillas, por su parte, detalló que de ejecutarse las órdenes europeas de detención y entrega habría “muchos elementos para considerar que no habría juicio con garantías en España”.
Tras escuchar a las partes, que habían presentado con anterioridad sus alegaciones por escrito, el juez anunció que se tomará diez días para analizar la causa y presentar su decisión el día 14. Las partes tendrán a continuación 24 horas para recurrir, por lo que el día 15 se sabrá ya si el caso pasa al Tribunal de Apelación. Esta sala contará con otros 15 días para pronunciarse, con lo que su fallo no llegaría hasta mediados de enero. Una eventual consulta al Tribunal de Justicia de la UE alteraría todos los plazos previstos que, en el caso de una euroorden, obligan a resolver su ejecución en un máximo de 90 días desde que la curse el país reclamante.
El último recurso posible sería ante el Tribunal de Casación, que no constituye una tercera instancia porque no examina los hechos del asunto, sino la legalidad durante el proceso. Aquí los cinco jueces de la corte tendrían dos semanas para pronunciarse.
