El juez deja en prisión a Junqueras, Forn y los Jordis y libres a seis exconsellers

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llanera decidió ayer mantener en prisión incondicional al vicepresident y el conseller de Interior cesados, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, y a los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànques y Jordi Cuixart, a los que considera responsables de una “explosión violenta”, en referencia a los hechos ocurridos a las puertas de la conselleria de Economía el día en el que fueron detenidos altos cargos de la Generalitat. El magistrado impuso fianzas de 100.000 euros a los otros seis exconsellers cesados que estaban en las prisiones de Estremera y Alcalá Meco Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borràs. Los seis salieron de prisión tras abonar ANC y Òmnium las fianzas.

La decisión se conoció apenas horas antes de que comenzara la campaña para las elecciones del día 21, y mientras Carles Puigdemont y los cuatro consellers cesados que se encuentran con él en Bruselas comparecían ante el juez que debe decidir sobre las euroórdenes españolas que pesan sobre ellos. Junqueras, Forn y los Jordis no podrán así participar presencialmente en la campaña, en la que todos son candidatos salvo Borràs y Cuixart.

La decisión judicial se conocía horas antes del inicio de la campaña electoral del 21D

El juez considera que todos los investigados, imputados por delitos rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, tienen riesgo de reincidir con igual probabilidad. Pero aprecia, y en ello el diferente destino que corrieron los distintos imputados, que si los líderes de la supuesta rebelión, Junqueras, Forn y los Jordis, reiteraran sus conductas delictivas, ello tendría consecuencias “graves, inmediatas e irreparables”. Por eso el magistrado ordena que permanezcan en prisión. No porque haya peligro de fuga, que no contempla ante el importante arraigo de todos ellos, sino porque “el riesgo de reiteración” de las conductas de los dirigentes “impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela”. Para constatar que el peligro de reiteración delictiva se ha minimizado, precisa Llarena, será necesario esperar a que “la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.

En cualquier caso, en el auto el magistrado hace hincapié en el matiz “violento” de las conductas de los cuatro, aspecto constitutivo del delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel. Y así, reseña que estos cuatro líderes de la “rebelión” podrían protagonizar, si volvieran a la calle, una nueva “explosión violenta” como el “cerco” a la conselleria de Economía del 20 de septiembre. Los cuatro lideraron, subraya el auto, “el asedio que decenas de miles de manifestantes hicieron a la comisión judicial” que registró la conselleria.