El Supremo quiere extender a las cúpulas de ERC, PDeCAT y CUP la acusación de rebelión

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha ordenado abrir nuevas diligencias contra el supuesto ‘Comité Estratégico’ del “procés” independentista que podría llevar a la imputación de, entre otros, la número 2 de ERC, Marta Rovira y de la hasta ahora número 1 de la CUP, Anna Gabriel.

El magistrado, que instruye en la causa contra el Govern destituido y los Jordis, pidió numerosa documentación e informes individualizados de los miembros del ‘Comité Estratégico para la independencia’ a la Guardia Civil para la ampliación de la instrucción. Estos informes, según apuntan las diligencias, deberán permitir que Llarena conozca si ERC, PDeCAT o CUP se pusieron de acuerdo con la AMI, Òmnium y ANC en la posible organización conjunta de movilizaciones y en conseguir y facilitar la declaración de independencia.

Llarena quiere informes para saber, además, si hubo desviación de fondos públicos, identificar a los responsables de los comités de defensa de la república y del referéndum y para tener conocimiento sobre todos los actos “de agresión, daño o grave resistencia” que tuvieran lugar en Catalunya durante el proceso. Entre otros, solicita “elementos objetivos” y detalles de los daños materiales, informes médicos en caso de lesiones y si hubo presencia o declaraciones de “elogio o tolerancia” en estos actos por parte de los ya encausados o de los posibles miembros de este comité.

El ‘Comité Estratégico para la independencia’ es un supuesto órgano que aparece en los documentos ‘EnfoCATs’, intervenidos por la Guardia Civil en casa del exsecretario general de Vicepresidencia y Economía Josep Maria Jové, el pasado 20 de septiembre. Según las informaciones, el magistrado querría estos informes personalizados para saber cuáles fueron los posicionamientos de los diferentes investigados y los miembros del comité en “los episodios violentos del 20 de septiembre”.

Por su parte, la número dos de Esquerra Republicana de Catalunya, afirmó ayer no tener ninguna comunicación de la justicia y explicó que toda la información que tenía era “por los medios de comunicación”.

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Oriol Junqueras, vicepresident cesado de la Generalitat, pidió ayer al Tribunal Supremo que le excarcelara porque su prisión “está teniendo ya efectos muy relevantes en el ámbito de la campaña electoral y, por lo tanto, en la conformación libre de la voluntad popular a través de las elecciones”, aludiendo a los posibles votos perdidos de la lista de ERC.

En sus alegaciones, la defensa de Junqueras afirma que no hay riesgo de reiteración delictiva porque ha acatado la aplicación del 155, por lo que ya no tiene ningún cargo en el Govern y es un ciudadano que se presenta en las próximas elecciones al Parlament.

Además, el exvicepresident afirmó no tener ninguna implicación en cualquier acto violento y niega haber impulsado la supuesta violencia durante las manifestaciones del 20 de septiembre. En el escrito, el líder de ERC reprocha al magistrado instructor, Pablo Llarena, que actúe con “prejuicios” y suposiciones de un posible riesgo futuro de violencia para mantenerlo en prisión, teniendo en cuenta, afirma, que la propia Constitución española ampara el derecho a “perseguir la independencia” siempre que sea de manera pacífica. El escrito presentado por el abogado Andreu Van dan Eynde, pretende poner en evidencia algunos de los argumentos de Llarena, llegando a afirmar que mantener en prisión a Oriol Junqueras podría jugar en contra y causar una posible “explosión violenta”, expresión que pronunció el magistrado al decidir mantener en prisión preventiva a Junqueras y pide al Supremo que resuelva el recurso en una vista oral con la presencia de Junqueras.

Por su parte, Jordi Sànchez, expresidente de la ANC y número dos de JxCat, criticó ayer en una entrevista la decisión del juez de mantenerle en prisión creando, según él, “una realidad tan diferente a la percibida y vivida por los ciudadanos de Catalunya”. Sànchez afirmó no poder “aceptar de ninguna manera el relato del juez según el cual se me atribuye una explosión violenta”.

El Idescat defiende su colaboración con la Policía por los censos del 1-O El Institut d’Estadística de Catalunya aseguró ayer su colaboración con la Policía Nacional en los registros de su sede el pasado 5 de diciembre, que pretendían determinar si la plataforma tecnológica Cerdà contenía datos censales que pudieran haber sido usados para el referéndum del pasado 1 de octubre. El Institut desmiente así las informaciones que dio el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que apuntaban a que Idescat habría recibido una diligencia de petición de información y que se habría negado a colaborar, y afirma que “el director del Idescat facilitó inmediatamente el acceso a los sistemas de información”.