Control remoto desde Madrid

Catalunya está gobernada desde Madrid por control remoto, desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que comportó el cese fulminante del gobierno de la Generalitat. El Estado tutela el día a día a distancia, por teléfono y mail, y cualquier gestión que comporte un gasto debe ser firmada por un ministerio.

El control de la Generalitat por parte del Gobierno central a través de la aplicación del artículo 155 se gestiona a distancia y básicamente por teléfono y mail. Ni los ministros ni altos cargos de Madrid han acudido a Barcelona para asumir en persona el mando en cada conselleria. Así lo corroboran diversas fuentes del Govern, que coinciden en señalar que se han establecido unos canales de comunicación en que cada dirección general está “tutelada” por otra del ministerio. Tutela que también ha conllevado que haya que traducir al castellano documentación que debe enviarse a Madrid. A nivel de Lleida, la incidencia en el día a día del funcionamiento de la administración es muy reducida, ya que, aunque los consellers hayan sido cesados, los delegados territoriales tienen como interlocutores a los secretarios generales de su departamento. “Cualquier cosa que comporte un gasto debe ser firmado por el ministerio, aunque en algunas cuestiones delega la firma en los directores generales de la conselleria”, explican fuentes solventes. Las mismas fuentes destacaron que, dejando al margen de la traumática medida de cesar a todo el Govern, la aplicación del 155 supone de hecho solo un paso más en la intervención de la Generalitat iniciada ya en el mes de septiembre, cuando el ministerio de Hacienda activó el control de sus cuentas. “Desde entonces, cada partida de gasto ya debía recibir el visto bueno de Madrid”, añadieron. Un ejemplo palmario de los efectos de esta intervención inicial es que una inversión de 830.000 euros para restaurar la Seu Vella fue paralizada en septiembre, mes y medio antes de que se activara el 155. Y lo mismo pasó con proyectos como las nuevas bibliotecas de Torrefarrera y Sort, el centro del Haro de Les y las obras de reforma en la iglesia de Saurí. En cambio, el 155 sí ha tenido un efecto determinante para que el Museu de Lleida se haya visto obligado a entregar al monasterio de Sigena las 44 obras en disputa, después de que el ministro de Cultura decidiera que la Generalitat no recurriera la resolución judicial que lo ordenaba.

Otra institución leridana que “sufre” esta situación es el IRBLleida, que ha denunciado públicamente la paralización de inversiones que afecta a su actividad investigadora. La intervención de la Generalitat también provocó un cierto parón en el pago de ayudas a diferentes sectores, ya que Madrid revisa cada una de ellas, aunque posteriormente la gran mayoría han sido desencalladas. Las partidas que sí han quedado bloqueadas de forma definitiva a raíz del 155 son todas las destinadas a distintas actividades de promoción, que el Gobierno central ha vetado al considerar que podrían servir para elementos propagandísticos.

Y la conselleria más afectada por la intervención estatal es la de Relaciones Institucionales y Exteriores, ya que además del cese de su cúpula, han sido cerradas todas las embajadas en el exterior, lo que ha comportado el despido del personal de las mismas. Precisamente, el recelo hacia la actividad de la Generalitat en el exterior ha hecho que el Gobierno central haya examinado con lupa la actividad de la agencia Acció, que cuenta con oficinas en todo el mundo destinadas a apoyar la internacionalización de las empresas catalanas y a la captación de inversiones para Catalunya. Pero el 155 no solo afecta a los departamentos y entes propios de la Generalitat, sino a otros colectivos, como el de los abogados.

En este sentido, el Colegio de la Abogacía ha visto cómo el ministerio de Justicia, como actual titular de la conselleria, se niega a subrir las tarifas del turno de oficio para el próximo año, que se rigen por un convenio anual entre ambas partes. El presidente del colegio en Lleida, Jordi Albareda, señaló que tras los recortes aplicados en estas tarifas a raíz de la crisis, en los últimos años la Generalitat había aceptado ligeras subidas, pero que ahora el ministerio rechaza cualquier cambio de cara a 2018. “El Consejo de la Abogacía de Catalunya está haciendo gestiones ante el ministerio para que acceda al menos a actualizarlas de acuerdo con el IPC”, señaló, aunque de momento no lo ha conseguido. Además, el último convenio anual incluyó un pequeño plus para todas las actuaciones del turno de oficio cuyos escritos se hicieran en catalán, para incentivar el uso de esta lengua, minoritaria en el ámbito judicial. Ahora, el ministerio ya ha notificado que será suprimido de cara al próximo año.