CORRUPCIÓN CASO ERE
Chaves y Griñán afirman que desconocían irregularidades
Defienden que “ni conocían ni podían conocer el fraude” || Segunda sesión del juicio a los expresidentes andaluces
Chaves conversando, ayer en el juicio, con Magdalena Álvarez.
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán afirmaron ayer durante la segunda sesión del juicio en el que se les acusa de prevaricación y malversación de caudales públicos que no conocían ni podían conocer las presuntas irregularidades en el caso de los ERE.
Durante la celebración de la vista, las defensas de Chaves y Griñan insistieron en que sus dos clientes desconocían el posible fraude porque la Intervención no les alertó.
Las defensas afirman que no podían conocer el supuesto fraude porque no eran sus funciones
El magistrado Juan Antonio Sala permitió en la primera vista que se leyeran los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y el PP de Andalucía contra los expresidentes y otros 20 excargos de la Junta también acusados y ayer, las defensas de Chaves y Griñán leyeron sus conclusiones exculpatorias.
El abogado de Manuel Chaves, para el que piden diez años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación, afirmó que no podía tener conocimiento “de los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas”, por no ser esta una de sus funciones como presidente, cargo que sostuvo durante 19 años.
En el caso de José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel y treinta de inhabilitación, el abogado dijo que “todas las actuaciones del Consejo de Gobierno”sobre estas adjudicaciones fueron hechas con sus correspondientes “informes” y fueron aprobadas por el Parlamento.
Entre los argumentos más escuchados en el juicio de ayer, se expuso que “no existe procedimiento específico ni plan preconcebido ni concierto previo” para idear un sistema para que “en Andalucía el dinero de los parados se diera a amiguetes”.
El juicio, que empezó el miércoles, gira entorno al procedimiento político del caso ERE, un sistema que funcionó entre el año 2001 y el 2011, periodo durante el que el gobierno andaluz repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales de manera, presuntamente, “arbitraria” y “sin control”, según el juez instructor.
