La Guardia Civil incluye las manifestaciones de la Diada en la estrategia de la secesión

La Guardia Civil ha entregado al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena un informe en el que incluye las manifestaciones de la Diada desde el 2012 como parte de la estrategia de los independentistas para separar Catalunya de España. En este sentido, los agentes de la Benemérita aseguran que las movilizaciones convocadas por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural y apoyadas por los ejecutivos de Artur Mas y Carles Puigdemont tenían como fin “alentar a las masas” frente a una supuesta “opresión de la justicia española”. Además, en el informe señalan que “no se pudo utilizar un lema más explícito: Vía Catalana por la Independencia” como lema para la movilización del año 2013. Igualmente, destacan que la de 2014 presionó a el president Artur Mas para que continuara con la organización de la consulta del 9-N. En lo que respecta a la manifestación de 2015, que recorrió la Avinguda Meridiana de Barcelona, la Guardia Civil apunta a su instrumentalización a favor de los miembros de la candidatura Junts pel Sí, que obtuvo la mayoría de escaños en las elecciones al Parlament de ese mismo año y encabezó el proceso hasta la DUI.

El informe elaborado por la Benemérita enumera las personas que supuestamente habían de conformar el “comité estratégico para la independencia”, incluido en el documento Enfocats que fue incautado antes del 1 de octubre. Entre los nombres de la lista, destacan el de Artur Mas, las exdiputadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya, la dirigente de ERC Marta Rovira, el vicepresident cesado y encarcelado Oriol Junqueras o la presidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Los agentes afirman que TV3 recibió casi 280.000 euros por la campaña institucional del 1-O

En el documento entregado al magistrado Pablo Llarena, la Guardia Civil también tilda a César Puig y a Josep Lluís Trapero, responsables civil y policial de los Mossos d’Esquadra, como actores “fundamentales” para llevar a cabo el 1-O, que “muy posiblemente” habrían formado parte de un comité ejecutivo con la mayor parte de los consellers cesados del Govern de Puigdemont.

MADRID

Agentes de la Guardia Civil remitieron el pasado día 15 un informe al Tribunal Supremo en el que se acusa al conseller cesado de Presidencia, Jordi Turull, y al juez Carles Viver i Pi-Sunyer de gastar al menos 502.639,61 euros en la financiación de “acciones tendentes a lograr la independencia de Catalunya”. No obstante, los investigadores advierten que esta cifra “presumiblemente se incrementará según vaya avanzando la investigación” ya que “la implementación de la hoja de ruta establecida en el Libro Blanco y que se desarrolla en el documento ‘Enfocats’ requiere de un desembolso económico de gran importancia”. Además, en el documento se apunta que parte de esos fondos fueron a parar a la empresa de mensajería Unipost y a TV3. A este respecto, la cadena pública habría ingresado cerca de 288.000 euros en concepto de publicidad institucional para promocionar el 1-O. Según el informe, esto incumpliría “las prohibiciones expresas de las autoridades judiciales”. Igualmente, bajo el punto de mira de los agentes, se encuentra la financiación del acto de clausura de la campaña del referédum e incluso “los fuegos artificiales en la plaza España de Barcelona”.

Por todo ello, la Benemérita entiende que “el empleo de esos fondos podía constituir malversación” y describre algunas prácticas llevadas a cabo por la Generalitat para “impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado” en la organización y los preparativos del 1-O.

En otro orden de cosas, el magistrado Pablo Llarena rechazó ayer un recurso del partido ultraderechista Vox que solicitaba el reingreso en prisión de los consellers cesados, al estimar que la formación no aporta argumentos nuevos que desvirtúen el auto de libertad.