El Supremo no autoriza a Junqueras, Sànchez y Forn a acudir a las sesiones del Parlament

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó ayer la petición del líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, del conseller cesado de Interior, Joaquim Forn, y del número 2 de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, para poder acudir a las sesiones del Parlament.

El auto del instructor de la causa contra el 1-O manifestó que ningún precepto legal prioriza el derecho a la representación política por encima de otros derechos, dada cuenta del riesgo de reiteración delictiva que, según Llarena, motiva el mantenimiento de la medida de prisión preventiva.

Llarena considera que el “liderazgo” de Junqueras podría desembocar en manifestaciones “violentas”

A este respecto, el magistrado manifestó la “incapacidad legal” de los encarcelados para acudir físicamente al hemiciclo catalán, a la vez que dejó en manos de la Mesa la posibilidad que pudieran delegar su voto en otro diputado. De este modo, Llarena recurrió al artículo 93.1 del reglamento del Parlament, por el que se puede delegar el voto en caso de ausencia acreditada. No obstante, a lo que sí que se opuso específicamente el magistrado del Tribunal Supremo fue a la posibilidad que Junqueras, Sànchez y Forn utilizaran el voto telemático.

Esta decisión contrasta con la adoptada por la Audiencia de Pamplona en 1987, permitiendo la asistencia a la sesión de investidura del lehendakari en el parlamento vasco al etarra encarcelado Juan Carlos Yoldi, que había sido elegido diputado por Herri Batasuna.

Por otro lado, el instructor de la investigación también denegó a Oriol Junqueras la petición de ser trasladado desde Estremera a una cárcel catalana. En su resolución, Llarena argumentó que si el líder republicano fuera internado en una prisión de Catalunya se podría generar un “grave enfrentamiento ciudadano” que es el que “precisamente justificó la adopción de la medida cautelar”.

Al hilo de esto, el magistrado aseveró sobre Junqueras que “su liderazgo” puede desencadenar en “movilizaciones ciudadanas colectivas, violentas y enfrentadas al marco legal de convivencia”.

Igualmente, recordó que todavía sigue ejerciendo la condición de representante político, con lo que el riesgo de reiteración delictiva es significativo, y apuntó que en Catalunya existe “un amplio apoyo social a los investigados” y se han producido “movilizaciones de decenas de miles de ciudadanos que rechazan explícitamente las medidas cautelares adoptadas en este procedimiento”.

Además, Llarena remarcó que el vicepresident cesado no acató “cuantas órdenes judiciales se le han dirigido” y que instigó “masivamente a la violencia”.