TRIBUNALES TRAMA GÜRTEL
El pacto fiscal-Correa marca el inicio del juicio de la caja B del PP de Camps
El empresario reconoció en un escrito que había cobrado en negro del partido en Valencia || Las defensas alegan que los delitos de corrupción están prescritos
El asesor de Francisco Correa a su llegada a la Audiencia Nacional.
Barreiro sí que reconoció que mantuvo contactos con el experto informático de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, para que mejoraran su imagen en Internet, aunque en todo momento negó que dichos trabajos fueran a ser pagados con fondos públicos. Según la senadora, iban a ser cubiertos por su partido.
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Reprocha a los abogados que expongan “una y otra vez” las mismas cuestiones para anular la causa
PSOE, Podemos y Cs coinciden en que sus explicaciones son “insuficientes”
valencia
La Fiscalía anunció ayer que rebajará su petición de pena para el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, si continúa colaborando con la justicia. Lo hizo en la primera sesión del juicio contra la excúpula del PP valenciano por financiarse presuntamente a través del entramado Gürtel en las campañas electorales de 2007 y 2008, en el que están acusados, entre otros, exaltos cargos del partido regional como Ricardo Costa y Vicente Rambla, diez empresarios y los principales cabecillas de la red.
Durante las cuestiones previas del juicio, la fiscal Anticorrupción Miriam Segura afirmó que será en el momento de sus conclusiones definitivas cuando contemple una posible reducción de pena para Correa, para quien de momento pide 24 años y medio de cárcel, bajo la condición de que se haya demostrado en la vista colaboración con la justicia e intención de reparar el daño causado.
En esta línea de colaboración, Correa, que permanece en prisión por el caso Fitur, remitió hace unos días un escrito al Juzgado Central de lo Penal en el que confesó que el PP de Valencia pagó en B a la trama Gürtel, en concreto a la empresa Orange Market, trabajos en campañas electorales o mediante facturas ficticias a empresarios por trabajos no realizados. En cuanto al exvicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, Juan Casanova, su abogado pidió el sobreseimiento de la causa respecto a su representado al estimar que son nulos los escritos de la Fiscalía y del PSOE de Valencia por no concretar los hechos que le atribuyen. Al respecto, las defensas de los empresarios pidieron a la fiscal que no solo rebaje la petición de pena a menos de dos años para que no ingresen en prisión sino que la sustituya por multas, que ya han tenido que pagar para cumplir el citado acuerdo con la Fiscalía.
En un desayuno informativo organizado por Europa Press, Cifuentes insistió en que fue su gobierno el que puso en conocimiento de la fiscalía que podría haber habido irregularidades en algunas operaciones del Canal de Isabel II durante mandatos anteriores, por lo que cree que no se puede dudar de la voluntad de colaboración con la Justicia y de la voluntad de transparencia de su equipo. Por su parte, los grupos de oposición en la Asamblea (PSOE, Podemos y Cs) coinciden en que las explicaciones de la presidenta madrileña sobre por qué su gobierno no envió a la comisión de corrupción varios documentos del Canal de Isabel II relacionados con el caso Lezo son “insuficientes”.
En esta misma línea, Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE, subrayó que las explicaciones son “insuficientes” y “poco verosímiles”.
