Crespo y El Bigotes culpan a Camps de dirigir la financiación irregular del PP de Valencia

El juicio a la rama valenciana de Gürtel se reanudó ayer en la Audiencia Nacional después de haber sido aplazado 48 horas a raíz de la confesión del cabecilla de la trama, Francisco Correa. En la misma línea, el exsecretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, optaron ayer por tirar de la manta y reconocer la financiación ilegal del PP valenciano en la época de Francisco Camps.

En este sentido, Crespo confirmó la versión dada por Correa el martes y aseguró que la trama facturó a empresarios trabajos contratados con los populares. “Hubo una parte de facturación de trabajos realizados para el PP que fueron pagados a través de los empresarios que el otro día prestaron aquí declaración”, aseguró. Además, corroboró que “parte de los trabajos que se hicieron con el PP se pagaron en efectivo, dinero que no se declaró y que fue a parar en su práctica totalidad a la llamada caja b de Correa”. Igualmente, señaló a “El Bigotes” como la persona que tenía los contactos dentro del partido y subrayó la “mucha relación” que tenía Pérez con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps. En su declaración, Crespo también salpicó a otro expresidente valenciano, Alberto Fabra. A este respecto, explicó los problemas que tuvo la trama corrupta para cobrar unas vallas publicitarias de la época en que Fabra había sido candidato a la alcaldía de Castellón. El acusado confesó que, finalmente, “se le facturó a una empresa” de esta ciudad.Igual que Correa, Pablo Crespo reconoció ayer que fue el exsecretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, el que le obligó a pasar las facturas a empresarios si quería cobrarlas. Por último, admitió haber cobrado 123.000 euros “del grupo parlamentario popular con un cheque”. Por su parte, “El Bigotes” disparó contra Francisco Camps y afirmó que fue él quien le invitó a ir a Valencia porque “vais a tener una calidad de vida que no teneis en Madrid”. Además, identificó al “señor Camps” como su “interlocutor” en el partido. También reveló que Ricardo Costa recibía órdenes de Adela Pedrosa, actualmente senadora del PP y que no está investigada en el causa. Asimismo, Álvaro Pérez apuntó a Juan Cotino, expresidente de Les Corts y exdirector general de la Policía con José María Aznar, como la persona que “hablaba” con “determinados” empresarios para obtener la financiación irregular. Ante la Sala, “El Bigotes” también acusó al exvicepresidente valenciano Víctor Campos y al exdiputado autonómico David Serra como las personas que “me daban dinero”. También acusó al exconseller fallecido José Ramon García Antón de darle “un sobre con 20.000 euros”.

El Bigotes declara que Camps era su “interlocutor” dentro del PP valenciano y el que le abrió las puertas

VALENCIA

Beatriz Simón, exconcejal de Juventud del ayuntamiento de Valencia durante el mandato de Rita Barberá, ha sido llamada a declarar en calidad de investigada por el Juzgado de Instrucción número 18 de la capital del Turia. La vista se celebrará el próximo día 29 de enero.

Simón, que todavía es edil del Partido Popular en el consistorio de la capital, está imputada por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco de la pieza del caso Taula que investiga la supuesta financiación irregular de los populares valencianos en las campañas electorales de los años 2007, 2011 y 2015 a través de la empresa Laterne Product Council.

A este respecto, la también diputada provincial habría donado al partido 1.000 euros que, a posteriori, le habrían sido devueltos en 2 billetes de 500. Sin embargo, Simón, que reconoció la donación ante la Guardia Civil, siempre ha negado que el PP le retornara esa cantidad en efectivo.

MADRID

El Tribunal Supremo ratificó ayer la sentencia condenatoria contra la expresidenta del Consell Insular de Mallorca Maria Antònia Munar por soborno en el caso de Can Domenge. De esta forma, tal y como ya hizo la Audiencia de Palma, se le impone a la exlíder de la extinta Unió Mallorquina una pena de 2 años y medio de cárcel, 8 años de inhabilitación y multa de 5 millones de euros. Munar había recurrido la resolución al alto Tribunal y pedía que se le aplicara la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas en el procedimiento judicial ya que los hechos investigados tuvieron lugar en 2006 y la sentencia no llegó hasta 2016. En este sentido, los magistrados estimaron que “la referencia para la ponderación del tiempo transcurrido no puede ofrecerla, sin más, la fecha de comisión de los hechos, sino la de incoación del procedimiento o, siendo más precisos, la de imputación del denunciado”. Si esto no fuera así, la corte razonó que “corremos el riesgo de convertir el derecho de todo imputado a ser enjuiciado en un plazo razonable en el derecho de todo delincuente a ser descubierto e indagado con prontitud”.

En el juicio que tuvo lugar en la Audiencia de Palma quedó probado que Munar, junto con dos cargos del Consell Insular mallorquín, Bartolomé Vicens y Miquel Nadal, exigieron dinero a cambio de la adjudicación del concurso de venta de los terrenos públicos de Can Domenge.

Investigan al director de Prisiones por prevaricaciónEl director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, la subdirectora de Recursos Humanos del organismo, Ana María Velasco, y el subsecretario del ministerio del Interior, Luis Aguilera, han sido llamados a declarar en calidad de investigados por el Juzgado de Instrucción número de 25 de Madrid a raíz de una querella presentada por el sindicato Acaip en la que les acusa de prevaricación y malversación por supuestos nombramientos ilegales. Este sindicato considera que estos nombramientos “no se justifican por criterios de mérito y capacidad sino por una conducta de mala fe y arbitraria por parte de la Administración”. El ministerio del Interior negó “de forma clara y rotunda” la acusación y aseguró que estas contrataciones “se ajustaron en todo momento a derecho”. Además, fuentes ministeriales se mostraron convencidas de que la jueza desestimará los cargos tras el interrogatorio. Acaip ha contado con el respaldo de CCOO y de UGT.