PANORAMA
El Supremo rechaza reactivar la euroorden contra Puigdemont “pese a su provocación”
El juez Llarena ve en el movimiento de Puigdemont hacia Dinamarca una estrategia para conseguir la investidura|| El Gobierno central defiende la separación de poderes y el PSOE aboga por su arresto
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que investiga los hechos relacionados con el proceso soberanista, descartó ayer reactivar la orden europea de detención contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en Dinamarca, país al que viajó este lunes para participar en un debate organizado por la universidad de la capital danesa, porque considera que busca provocar su detención para poder delegar su voto en la investidura.
En un auto, Llarena subraya que desplazándose a Dinamarca, Puigdemont busca “favorecer una estrategia anticonstitucional e ilegal” para “forzar” la delegación de su voto como si su situación fuese la de privación de libertad” y poder hacer lo mismo que el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras; el exconseller de Interior Joaquim Forn y el expresidente de ANC Jordi Sànchez, todos ellos en prisión.
En este auto, el juez Llarena rechaza la petición realizada por la Fiscalía en la que solicitaba que volviese a emitir la euroorden para que las autoridades danesas detengan y entreguen al expresidente catalán, investigado por los delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Destaca que esta solicitud de la Fiscalía es razonable si se contempla que el expresidente se encuentra fuera del territorio nacional para eludir un procedimiento penal. No obstante, añade que esta petición se enfrenta a matices que conducen a que esta decisión debe posponerse.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, consideró que la decisión del Supremo de no solicitar la orden europea de detención para Puigdemont pone de manifiesto el “funcionamiento independiente de las instituciones” en España.
Sin embargo, el secretario de Organización, José Luis Ábalos, defendió que se detenga a Puigdemont en Copenhague: “No puede dar la imagen de que es un prófugo peregrinando”.
Mientras, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, evitó valorar la decisión del juez porque considera que es un “debate de abogados” ajeno a los problemas reales de los ciudadanos.
copenhague
El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont defendió ayer en Dinamarca las posiciones del independentismo, en su primera salida de Bélgica desde que huyó de España en octubre, asegurando que las fuerzas independentistas formarán pronto un nuevo gobierno y estimó que “es hora de negociar, acabar la represión y buscar una solución política” al conflicto, que podría pasar, según él, por ampliar el referéndum sobre la independencia de Catalunya al conjunto a la ciudadanía española. “De momento nadie lo ha propuesto en una mesa de negociación pero podría ser una solución o una propuesta que podríamos escuchar y estudiar”, apuntó.
Tras afirmar que “la sombra de Franco es alargada en España”, tildó el artículo 155 de la Constitución, que suspendió la autonomía catalana tras la declaración unilateral de independencia, de “eufemismo de facto del estado de excepción”.
Madrid, sostuvo el expresident, se “olvida” de que las fuerzas independentistas ganaron las elecciones del 21 de diciembre, “convocadas por el propio Rajoy”, y que si el pueblo catalán no puede elegir a sus gobernantes, “entonces no hay democracia”.
“Es hora de negociar, de acabar con la represión y de encontrar una solución política para Catalunya, no judicial. Espero que un día prevalezca la voluntad de nuestro pueblo”, afirmó en inglés Puigdemont en un debate propuesto por él mismo a la Universidad.
Puigdemont fue recibido y despedido con muchos aplausos, pero también vivió momentos incómodos con las preguntas de los profesores Christian F. Rosbøll y Marlene Wind, sobre todo esta última, experta en las relaciones con la UE y muy mediática en el país nórdico. Wind puso en duda su definición de “democracia” y la “legitimidad” del referéndum ilegal del 1 de octubre, con un 43% de participación, además de rechazar que se pudiera comparar a España con países como Polonia en cuanto al respeto al estado de derecho.
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