Rajoy recalca que “no hay ninguna alternativa” a la ley en Catalunya

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recalcó ayer que “no hay ninguna alternativa” a la ley en Catalunya y afirmó que el Ejecutivo tiene tres objetivos para la comunidad autónoma: que se imponga el sentido común, que la ley se respete y se cumpla y que se recupere la normalidad institucional, económica y social.

Así lo manifestó Rajoy durante un acto institucional en León, donde recordó que “por parte de algún gobernante de Catalunya” se ha producido “una falta de respeto a la ley” y “un intento de contraponerla a la democracia”, en referencia al presidente de la Generalitat cesado Carles Puigdemont.

“Sin respeto a la ley no hay democracia, donde no hay ley no hay libertad y donde la ley termina comienza la tiranía”, aseguró Rajoy refiriéndose a Catalunya.

Manifestó que en Catalunya “la falta de respeto a la ley y un intento de contraponerla a la democracia” ha generado “una enorme crisis que ha obligado a usar los instrumentos de los de que dispone la Constitución” para defender “la propia Constitución, la democracia y la ley”

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, acusó a Carles Puigdemont de ser “un botarate de conocido prestigio internacional” y le pidió que deje de “humillar a Catalunya” y acuda ya a los juzgados a dar cuenta de sus actuaciones en relación con el proceso independentista.

Mientras, el presidente de Cs, Albert Rivera, acusó a los líderes independentistas de intentar dar “medio paso atrás” en el proceso soberanista para seguir en el poder pero sin dejar de reivindicar la independencia de Catalunya. Rivera sostuvo que quieren “en cualquier momento, romper España” pero “saben que la única manera es fingiendo que respetan la ley”.

Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció que su partido apoyará los recursos que el Gobierno plantee ante el TC para “salvaguardar la legalidad” en Catalunya.

Paralelamente, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, solicitó por carta al presidente del Parlament, Roger Torrent, que “no permita que se someta a consideración de la cámara” una investidura telemática, es decir, una sesión en la que el candidato a president no esté presente en el hemiciclo.

“Estamos trabajando para que eso no pueda ocurrir, estamos sin duda muy preocupados”, dijo en una entrevista en Antena 3.

Zoido aseguró que no cree que Puigdemont sea “su Roldán”, en referencia al fugado exdirector de la Guardia Civil, y que se trabaja de manera “muy intensa mañana, tarde y noche” para cubrir la frontera de España “dentro y fuera”, a pesar de la dificultad que conlleva que existan tantos caminos rurales y vías de penetración.

“Se ha diseñado un dispositivo para que eso no pueda pasar”, señaló al ser preguntado sobre la posibilidad de que Puigdemont burle los controles y reaparezca en el Parlament para ser investido.

Por su parte, el abogado del expresident Jaume Alonso-Cuevillas preguntó en un apunte en su cuenta de Twitter al ministro del Interior si el objetivo de su ministerio es detener al expresidente para que sea juzgado “o que no pueda volver” a Catalunya.

madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer mantener en prisión al líder independentista Jordi Sànchez y al exconseller de Interior Joaquim Forn en un informe que presentó ayer al magistrado Pablo Llarena, que deberá ahora decidir sobre la petición de excarcelación de ambos.

La Fiscalía informó en este sentido a los recursos de reforma que los dos interpusieron ante Llarena después de declarar ante el magistrado el pasado 11 de enero para renegar de la declaración unilateral de independencia y asumir las vías constitucionalistas.

Llarena debe ahora resolver ambos recursos después de que la semana pasada declarara la incapacidad del exvicepresident Oriol Junqueras, de Forn y Sànchez para acudir a los plenos, si bien abrió la puerta a que la Mesa del Parlament arbitrara su delegación de voto, lo que finalmente les fue permitido.

Forn ingresó en prisión provisional el 2 de noviembre y Sànchez el 16 de octubre, ambos por orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela (al igual que el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, único de los cuatro encarcelados que aún no ha vuelto a presentar escrito pidiendo la libertad).

Tras asumir la causa por rebelión o sedición que empezó a instruir la Audiencia Nacional, Llarena se opuso a la puesta en libertad de todos ellos para evitar que vuelvan a incitar a una “explosión violenta” en el proceso independentista.

Por otra parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo no tiene previsto recurrir el auto por el que el juez Pablo Llarena descartó el lunes reactivar la orden europea de detención contra el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en Dinamarca.

No obstante, fuentes de la Fiscalía se mostraron contrariadas por la decisión del magistrado del Supremo ya que permite a Puigdemont moverse libremente por el país que le plazca, pese a estar reclamado por la justicia española.