Hernando dice que la confesión de Costa es una "desgracia" para el PP y pide perdón

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha admitido este jueves que la declaración del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa supone una "vergüenza" y una "desgracia" para su partido, ha pedido perdón a los votantes y ha garantizado que no era un práctica común entre los populares. Hernando ha reconocido en una entrevista en Tele 5 que está "perplejo" ante la "nueva versión" dada por Costa en el juicio de la trama Gürtel, según la cual el PP valenciano se financiaba con dinero negro.

El diputado popular ha señalado que Costa está sometido a mucha presión por su futuro penal y que es posible que haya personas dentro del PP que hayan cometido actos ilegales, pero ha querido separar esos casos "excepcionales" del normal funcionamiento del partido.

Según ha asegurado, "todo el mundo en general ha cumplido las reglas", por lo que ha arremetido contra quienes pretenden hacer un juicio general contra el PP, un partido de gente "honrada" y "honesta" que incluso ha dado su vida por él, como Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA hace 23 años. "No me escudo en nadie. Solo digo lo que es mi partido (...) y mi partido no es el señor Costa", ha subrayado Hernando, para quien tanto Costa como los empresarios involucrados en la trama Gürtel actuaban exclusivamente en su propio beneficio.

Lo importante, ha destacado, es que todos ellos están respondiendo ante la justicia, que "pondrá a cada uno en su sitio", porque "aquí quien la hizo, la paga", gracias también, ha dicho, al endurecimiento de la legislación impulsado por el PP.

De la declaración de Costa, Hernando se queda con un aspecto positivo y es que aseguró que Génova le advirtió de que ciertas prácticas estaban prohibidas.

Preguntado por si el expresidente valenciano Francisco Camps debería abandonar el Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat, ha dicho que no le corresponde a él decidirlo pero ha criticado que se le condene antes de tiempo, y ha recalcado que sigue cobrando un sueldo público en base a una legislación que se lo permite.