Rajoy hará “todo lo posible” para que Puigdemont no sea investido

La Asociación Unificada de Guardias Civiles pidió ayer declarar las Terres de l’Ebre “zona conflictiva” después de la supuesta ola de “discriminación” y “odio” a raíz de las actuaciones policiales por el 1 de octubre y los hechos posteriores. La AUGC denuncia que un 30% de miembros “destacados” del cuerpo policial en la provincia de Tarragona, querrían pedir el traslado. Para justificar esta “discriminación” y “odio”, los representantes de la entidad policial ponen de ejemplo las protestas ante los cuarteles de la Ràpita, Amposta, Tortosa, Gandesa, False o Reus.

El presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, aseguró ayer que “hará todo lo posible” para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat. En este punto, confirmó que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlament avalando esa investidura de Puigdemont, pues tienen que “respetar siempre los procedimientos y las formas”. “El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley, ésa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como cuando puse en marcha el artículo 155”, recalcó Rajoy en una entrevista en Onda Cero, al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del líder de JuntsxCatalunya.

El presidente no tiene “claro” que Junqueras sea propuesta president como alternativa a Puigdemont

Ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a España, el presidente del Gobierno afirmó que es “bueno que todo el mundo asuma sus responsabilidades”. “Ya sabe cuáles son las reglas de juego: España es una democracia y se respeta la ley. Cuando no se respeta la ley, hay consecuencias”, avisó Rajoy, mientras añadía que si el president cesado regresa a España “será detenido”. Asimismo, ante la posibilidad de que el plan B sea proponer al líder de ERC, Oriol Junqueras, como candidato, Rajoy dijo que no tiene “claro” que eso se vaya a producir y agregó que en todo caso es una decisión que “corresponde a los jueces”, que son los que tendrían que “tomar la decisión sobre si puede presentarse allí o no”. “Yo lo que tengo que hacer es acatar las decisiones de los jueces”, reiteró. El presidente del Gobierno puso en valor la aplicación del artículo 155 de la Constitución tras un “consenso” con PSOE y Cs, por el que cesó al Govern, convocó elecciones y ha conseguido “que se recuperase la legalidad en Catalunya”.

Rajoy, que confirmó que ha recibido la carta del presidente del Parlament, Roger Torrent, pero que no quiso adelantar cuál será su respuesta, volvió a protagonizar un sonado gazapo, al hablar de las “últimas elecciones de la república en Catalunya” cuando quería hacer referencia a los comicios del 21-D. Lo hizo al valorar los resultados del Partido Popular en las elecciones al Parlament de Catalunya.

barcelona

La CUP planteó ayer a JxCat y ERC la necesidad de materializar la construcción de una República catalana con el impulso de un proceso constituyente y de estructuras de Estado, entre otras propuestas, para negociar su apoyo a la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, afirmó ayer que espera que el presidente del Parlament, Roger Torrent, haya convencido a Carles Puigdemont para que regrese a España, algo que, en su opinión, facilitaría la puesta en marcha del nuevo Govern y el fin de la aplicación del 155.

El juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos del 1-O, citó ayer como investigados al exjefe del gabinete de la Conselleria de Gobernación de la Generalitat, Jordi Cabrafiga, y al director del Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI).

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, aseguró ayer que, cuando se hizo cargo de la cartera correspondiente en la Generalitat tras el 155, encontró “contratos sin prorrogar, servicios sin cobertura y subvenciones sin resolver”, en “muchos” casos, pendientes desde principios de año.

barcelona

En medio del proceso judicial en el que se encuentra inmerso Josep Lluís Trapero por su gestión del 1-0, el mayor de los Mossos cesado por la aplicación del 155 fue ayer avalado por el juzgado contencioso administrativo 7 de Barcelona, que rechazó el recurso presentado por el sindicato de policía catalana Sindicato de Policías de Catalunya (SPC) contra el proceso de su designación como mayor en abril de 2017.

El recurso del sindicato, que denunciaba irregularidades en las bases de la convocatoria, fue desestimado por “falta de legitimación activa” para presentar dicho contencioso. Así, la sentencia refiere que “en el presente caso no aparece que los interesados hayan recurrido le proceso selectivo, máxime cuando a la convocatoria se presentó un único candidato”, afirma el juzgado. Además, la jueza afirma que la designación de Trapero como mayor no causó ni “benificio ni perjuicio” en los “beneficios colectivos”.

Aun así, la polémica se generó porque desde el sindicato consideraron que, con la designación de Trapero, se incumplía el reglamento de provisión de puestos de trabajo del cuerpo de Mossos ya que las bases no incluían “un solo elemento que indique, ni siquiera con carácter mínimo, cuáles son los requisitos de titulación, formación, experiencia, preparación, aptitudes o un mínimo perfil orientativo” para ser el máximo dirigente de la institución.

Madrid

Felipe VI afirmó ayer durante durante la celebración del Fórum Económico Mundial que durante la crisis catalana ha habido un “intento de minar las reglas básicas” de la democracia española. Además, durante el evento celebrado en Davos, pidió que las diferencias políticas se resuelvan “de acuerdo con las reglas democráticas” y destacó que España es un país donde “prevalece la seguridad jurídica y por lo tanto la Constitución y las leyes son efectivamente aplicadas”.

Inspeccionan las cloacas del Parlament El ministerio del Interior desplegó ayer un nuevo dispositivo liderado por agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que incluye la inspección del subsuelo del Parlament y un refuerzo presencial de vigilancia en aeropuertos y fronteras terrestres y marítimas, todo para evitar la investidura de Carles Puigdemont. El plazo máximo para celebrar la primera sesión de debate de la investidura es el próximo 31 de enero y el líder de JuntsxCatalunya insiste en que “hay muchas posibilidades” para participar en ese pleno.