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El Supremo reafirma la prohibición a Junqueras y Sánchez de acudir al Parlament

El tribunal pide explicaciones a la Generalitat por su falta de cooperación

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El juez del Supremo Pablo Llarena ha confirmado su decisión de denegar a Oriol Junqueras y Jordi Sánchez el permiso para acudir al Parlament, y la de permitirles delegar su voto, en respuesta a un recurso de los afectados. De este modo, ni Junqueras ni Sánchez podrán asistir mañana a la sesión de investidura del candidato a presidente de la Generalidad que está prevista en el Parlament. En un auto notificado hoy, el magistrado que instruye la causa seguida en el alto tribunal por el "procés" hacia la Declaración Unilateral de Independencia ha ratificado la decisión citada, la negativa a darles permiso a los dos diputados autonómicos para que puedan acudir al Parlament.

Joaquín Forn, que también estaba afectado por las medidas adoptadas y recurridas, ha renunciado a su acta de diputado, por lo que queda ahora fuera del auto.

En su escrito de hoy, el magistrado reitera los argumentos, basados en el riesgo de reiteración delictiva, que ya utilizó para justificar su medida. Así, señala que "la persistencia y reiteración delictiva que trata de conjurar la medida cautelar de prisión provisional" se vería afectada si se permitiera salir a Junqueras y Sánchez. Esos permisos "resultan irreconciliables" con la actuación social y política de lo imputados, dice Llarena. Tras su notificación de hoy, la negativa de Llarena podrá ser recurrida ante una instancia superior (la Sala de lo Penal del Supremo).

El tribunal pide explicaciones a la Generalitat por su falta de cooperación

El juez del Supremo Pablo Llarena ha pedido explicaciones al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat por su falta de cooperación con la Guardia Civil y le ha exigido que ponga a su disposición todos los mensajes de exmiembros del Govern que les ha pedido.

El magistrado, que investiga el caso abierto en el Supremo por el proceso independentista, ha requerido hoy al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad de Cataluña que ponga a disposición del instructor de forma inmediata todos los mensajes que les reclamó la Guardia Civil.

La policía judicial pidió correos electrónicos enviados desde 2016 por los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas y por el exvicepresident Oriol Junqueras, además del resto del Govern y de los anteriores miembros de la Mesa del Parlament, entre otros.

Pero esa policía judicial, es decir, la Guardia Civil, ha informado al magistrado de que la cooperación del citado centro no ha sido completa. Por eso, en su providencia de hoy, el juez ha pedido explicaciones al citado centro de la Generalitat de los motivos que llevaron a no dar cumplimiento inicial a lo requerido.

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