CORRUPCIÓN TRIBUNALES
La Fiscalía pide que se absuelva al PP por el caso de los ordenadores de Luis Bárcenas
Solicita al juez que se aplique la ‘doctrina Botín’ || Cree que no se ha acreditado la propiedad de los discos duros, ni que su contenido fuera relevante para investigar la “caja b” de financiación irregular
Imagen de archivo del extesorero del PP Luis Bárcenas.
La Fiscalía de Madrid ha pedido la absolución del Partido Popular y del resto de acusados en el caso de la destrucción de los ordenadores que el extesorero popular Luis Bárcenas utilizó en la sede del partido y reclama la aplicación de la ‘doctrina Botín’, que establece que no se puede mantener un procedimiento judicial sólo con la acusación popular.
Pide en un escrito dirigido a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que procede dictar sentencia absolutoria para la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado del PP Alberto Durán, acusados por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento. También al PP, como persona jurídica.
Los únicos que quedan en la causa son las acusaciones particulares: IU y dos asociaciones
La Fiscalía cdestaca que “las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura del juicio oral” por lo que procede el archivo del procedimiento. Además, cree que no se ha acreditado la propiedad de los discos duros, ni que su contenido fuera relevante en la investigación de la caja b del PP
Para ello, hace mención de las sentencias del Tribunal Supremo que establecieron las conocidas ‘doctrina Botín’ y ‘doctrina Atutxa’ en las que se fijaron que si ni la Fiscalía, ni la acusación particular –en este caso Bárcenas– ejercen acciones contra el acusado, las responsabilidades deben archivarse. Se da la circunstancia de que el extesorero se retiró del procedimiento en septiembre del año 2016 y que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal.
Los únicos que acusan son la acusación popular ejercida por Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).
La doctrina por la que se benefició el banquero fallecido Emilio Botín de ser juzgado fue utilizada por el PP en noviembre del año pasado para evitar sentarse en el banquillo, algo que fue desestimado por la juez Freire, que procesó finalmente al partido político.
Mientras, el Tribunal Supremo ha devuelto a un juzgado de instrucción de Madrid la investigación a González por la web del Canal.
