Puigdemont pide al Constitucional que le permita estar hoy en la investidura

El Parlament celebrará hoy la primera sesión del pleno para investir a Carles Puigdemont president de la Generalitat, pero persiste la gran de incógnita de si el candidato regresará de Bélgica para estar en el hemiciclo. Ha pedido al Constitucional que le permita estar hoy en la Cámara y al Alto Tribunal se reunirá esta mañana de urgencia.

Carles Puigdemont pidió ayer amparo al presidente de la Cámara catalana, el republicano Roger Torrent, para que adopte “las medidas necesarias para salvaguardar los derechos y prerrogativas del Parlament y sus miembros” y poder ser así investido. Lo hizo después de que el Tribunal Constitucional y un informe de los letrados de la Cámara coinciden en que para ser reelegido es imprescindible que Puigdemont acuda en persona, pero si lo hace, se arriesga a ser detenido y eventualmente encarcelado, ya que contra él pese una orden de detención si pisa territorio español. El Alto Tribunal añade que no basta con acudir presencialmente al pleno, sino que también es necesaria una autorización judicial del Tribunal Supremo que Puigdemont no contempla pedir. El cabeza de lista de Junt per Catalunya ha enviado al Tribunal Supremo un escrito en el que alega que, como diputado, no necesita “autorización judicial” para poder ser elegido president y también ha pedido al TC que le permita estar hoy en la Cámara.

Si Puigdemont no vuelve, toda la presión recaerá en los cuatro miembros independentistas de la Mesa del Parlament (dos de ERC y dos de JxCat) y, más especialmente, el nuevo presidente de la Cámara. Torrent entonces tendrá que decidir si sigue adelante con el pleno y desobedece la interlocutoria del Constitucional, o si frena el plenario y abre un escenario sin precedentes porque nunca antes la Cámara había paralizado un proceso de investidura. La ley catalana que marca los plazos para la investidura establece que hay dos meses para encontrar un presidente una vez se pone en marcha el mecanismo, pero no regula qué pasaría con los plazos si Torrent frena el proceso por ausencia del candidato.

Torrent podría delegar en el pleno la decisión de mantener la investidura de Puigdemont

Si el pleno empieza a celebrarse sin Puigdemont, Cs, PSC y PP ya han anunciado que pedirán su suspensión y, Torrent y la Mesa, deberán decidir si atienden esta suspensión o prosiguen el debate sin la presencia del candidato.

En este contexto, el Tribunal Constitucional se reunirá hoy para resolver la solicitud de Carles Puigdemont de dejar sin efecto el auto que suspendió cautelarmente su investidura. El pleno se reunirá a partir de las 13:00 horas, dos horas antes de que arranque la sesión del Parlament, para resolver las alegaciones presentadas ayer por Puigdemont y los diputados electos de Junts per Catalunya.

En su escrito, solicitan que el Constitucional deje sin efecto el auto con el que, el día 27, el pleno acordó la suspensión cautelar de la investidura de Puigdemont como president si no se cumplen las condiciones indicadas en dicha resolución. El tribunal ha dado a las demás partes, abogacía del Estado y Parlament, un plazo que vencerá hoy a las 11:00 horas para que formulen sus alegaciones.

Llanera impide a Junqueras y Sànchez asistir al pleno

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena denegó ayer el permiso solicitado por Oriol Junqueras y Jordi Sànchez para asistir hoy a la sesión de investidura del Parlament, aunque pueden delegar el voto. Llarena apunta que su actuación social y política “resulta inconciliable” con el permiso que reclaman. Insiste en que existe aún riesgo de reiteración delictiva y por ello no pueden obtener los permisos. El juez les imputa los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondo públicos.

Entre las razones para rechazar su solicitud de acudir al pleno, el magistrado del Alto Tribunal alude a “la posibilidad de que su liderazgo volviera a manifestarse con movilizaciones ciudadanas colectivas violentas y enfrentadas al marco legal de nuestra convivencia”.

Vuelve a insistir en este punto que las decisiones sobre la situación personal de los querellados “no suponen la criminalización del proyecto político independentista” y que lo que se persigue en la causa que él instruye es “la ejecución de un proceso delictivo concertado desde las instituciones autonómicas catalanas, con la colaboración de entidades civiles”.