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SOCIEDAD CÓDIGO PENAL

Dos millones de firmas por la prisión permanente revisable

Los padres de Diana Quer y Mari Luz Cortés piden a los partidos que no deroguen la ley || La norma se debate en el Congreso

Los padres de Mari Luz y Diana Quer  defienden la prisión permanente revisable.

Los padres de Mari Luz y Diana Quer defienden la prisión permanente revisable.EFE

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Juan Carlos Quer, padre de Diana, y Juan José Cortés, padre de Mari Luz, presentaron ayer en Santiago de Compostela los dos millones de apoyos recabados en apenas unos días en la petición contra la derogación de la prisión permanente revisable, una iniciativa que apoyan los padres de otros niños o jóvenes asesinados, como Marta del Castillo o Ruth y José.

Juan Carlos Quer confía en que, con esta petición, la muerte de su hija “no sea una página más en los sucesos” y que se pueda hacer una “sociedad más segura” evitando que “asesinos y violadores sin reinsertar” salgan en libertad. “Me vino la sonrisa de mi hija diciendo: papá, vamos a ayudar para que otras niñas no tengan que pasar por eso”, dijo y defendió que esta es una “iniciativa ciudadana” sin “adscripción política de ningún tipo”.

La recogida de firmas ha estado encabezada por familias víctimas de asesinatos

Por su parte, el padre de Mari Luz Cortés lanzó un llamamiento a los partidos políticos apuntando que la sociedad “no quiere a más violadores y asesinos no reinsertados en la calle”. Cortés recordó que su petición es “que no se derogue” la ley y dijo a los ciudadanos que los partidos que desean eliminar la prisión permanente revisable “no les pueden dejar indefensos ante estos criminales”. Del mismo modo, se refirió al asesino de su hija, que permanece en prisión desde hace 10 años y que, según el código penal antiguo “que quieren restaurar”, podrá “salir a la calle en tres o cuatro años”.

La pena de prisión permanente revisable que ya cumple un delincuente en un caso similar al de Diana Quer, tiene los meses contados en el Código Penal español si el PP no logra más apoyos. Sobre una iniciativa original del PNV que cuenta con el apoyo de todos los grupos de izquierda y de los independentistas, el Congreso tramita desde octubre una proposición de ley para anular esa figura penal.

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