El Gobierno pide aplicar la máxima pena a violadores en serie y por ataques en infraestructuras

El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de ley que propone aplicar la prisión permanente revisable a los violadores en serie, a los secuestros que acaben con la muerte del rehén y a quienes atenten contra infraestructuras clave, como puertos, aeropuertos, carreteras, estaciones y trenes.

Pero también plantea ampliar su aplicación a los casos en que se pretenda ocultar el cadáver de una persona asesinada o no colaborar en su hallazgo, en aquellos abusos sexuales contra menores tras privarles de libertad o torturarles y por causar incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte.

Con esta propuesta, el Ejecutivo ha sostenido que pretende sumarse al debate abierto en torno a la prisión permanente revisable con la incorporación de estos cinco nuevos tipos delictivos que responden a una "demanda social" sobre una figura penal que cuenta con un apoyo del "entre el 70 y 80 %" de la población, en un momento en que la oposición pretende derogar una medida que existe en toda Europa.

Tanto es así que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha insistido al término del Consejo de Ministros en que "no ha sido el Gobierno quien ha puesto la prisión permanente revisable en la mesa de debate sino los grupos que pretenden su derogación directa sin matices", en alusión a la proposición de ley que está en tramitación en el Congreso a instancias del PNV.

Como consecuencia de esa iniciativa parlamentaria y tras reconocer que existe "un importante debate social, político y doctrinal" sobre esta figura penal, Catalá ha subrayado que el Gobierno ha considerado oportuno tomar "una posición firme" y poner de manifiesto su "compromiso y voluntad de mantenimiento" con esta esta pena, que se incorporó en 2015 al Código Penal de una forma "proporcionada, prudente y limitada".

Pero ha negado en todo momento que su propuesta, que añade cinco nuevos tipos delictivos a los ocho existentes en la actualidad, tenga tintes electoralistas, cuando "son los que han pretendido derogar la pena los que han traído ese debate".

"Volver a ser la excepción en Europa no sería una buena noticia", ha añadido Catalá, para defender que esta herramienta existe en todos los países comunitarios excepto en Croacia y Portugal, mientras que en Italia, Alemania y Francia se aplica de una manera más intensa.

Como ejemplo, ha señalado que en algunos de estos países la rebelión y la sedición están penados con la prisión permanente, pero ha explicado que el Gobierno no ha querido entrar en este asunto para no abrir debates y porque considera que estos delitos están suficientemente penados en nuestro ordenamiento jurídico.

El ministro ha apelado a la "reflexión" del resto de fuerzas políticas al recordarles que la ciudadanía no elige a sus representantes para que "hagan lo que mejor" les parezca, sino "lo que la mayoría de la sociedad quiere", y eso, ha precisado, con un apoyo de hasta un 80 % a esta pena es un ejemplo de "coherencia lógica".

Al respecto, ha defendido que la prisión permanente se aplica en "casos extraordinarios muy singulares" y representa "la respuesta más firme del Estado de Derecho para proteger a la sociedad de los delincuentes más graves".

La propuesta del Ejecutivo no solo converge en el tiempo con la iniciativa del PNV para su derogación sino también con el plan de Ciudadanos que se inclina por endurecer el acceso al tercer grado penitenciario mediante una enmienda a la proposición de los nacionalistas vascos.

Y en punto muerto se encuentra el recurso que PSOE, CiU, La Izquierda Plural, UPyD, PNV y Grupo Mixto elevaron al Tribunal Constitucional hace más de dos años al entender que esta figura vulnera cuatro artículos de la Constitución: la prohibición de penas inhumanas, el principio de proporcionalidad, la prolongación de la pena hasta la muerte del reo y la posibilidad de reinserción.