Parado el reloj de la investidura

Los letrados del Parlament dictaminaron ayer que la cuenta atrás de 2 meses para nombrar a un president, antes de que se disuelva automáticamente la Cámara, todavía no se ha iniciado, después de que se suspendiera el pleno de investidura de la pasada semana. Así, el informe que entregaron al presidente del hemiciclo, Roger Torrent, y a la Mesa indica que los plazos están congelados al menos hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso que interpuso el Gobierno central contra la de candidatura de Carles Puigdemont a la presidencia. El secretario general del Parlament, Xavier Muro, es el único que firmó el documento de los servicios jurídicos. Por su parte, el letrado mayor, Antoni Bayona, se desentendió por discrepancias con la resolución. Pese a que la resolución no es vinculante, en este caso Torrent la tendrá en cuenta.

Tras ser difundida, el diputado del PSC Jordi Terrades instó a que los independentistas designaran a otro candidato a la investidura. Asimismo, los socialistas exigieron a Torrent que abra una nueva ronda de contactos con las fuerzas parlamentarias. En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Carlos Carrizosa destacó que “el Parlament seguirá paralizado” hasta que su presidente “desbloquee la situación. Está en sus manos que el Parlament deje de ser el cortijo de Puigdemont”. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo central, Íñigo Méndez de Vigo, animó a Torrent a reunir de nuevo a los grupos y proponer otro nombre a la Generalitat. “Que elijan candidato, pero dentro de los marcos establecidos por el Constitucional”, sentenció.

El letrado mayor no firma el informe por discrepancias, pero el secretario general de la Cámara lo avala

Trapero defiende la “lealtad” de los Mossos y dice que garantizaron la “paz social” el 1-O

En otro orden de cosas, JxCat llevó ayer al registro del Parlament, sin ERC, su propuesta para reformar la ley de presidencia, con el objetivo de permitir la investidura telemática de Carles Puigdemont. El portavoz adjunto de la formación, Eduard Pujol, manifestó que, con esta modificación legislativa, pretenden dotar a un debate de investidura no presencial de todas las “garantías” que exigía Torrent para fijar la fecha de la sesión. Pujol vinculó esta iniciativa legislativa con la petición efectuada el jueves de reactivar la comisión para la reforma del reglamento del hemiciclo, posibilidad que fue ayer rechazada por el PSC.

BARCELONA/MADRID

El conseller cesado de Interior, Joaquim Forn, ha interpuesto un nuevo recurso ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el que expone que la medida de prisión provisional significa “criminalizar su derecho a la libertad de pensamiento”, según avanzó ayer La Vanguardia. En este sentido, el escrito de Forn argumenta que “se ha apartado” de la vida política renunciando a su escaño y comprometiéndose a “no ostentar ningún cargo en el futuro Govern”. Igualmente, denuncia que está sufriendo una “pena anticipada por hechos todavía sin enjuiciar”. Al hilo de ello, Laura Masvidal, esposa de Forn, indicó ayer que el encarcelamiento lejos de Catalunya “forma parte del castigo y del escarmiento” del Estado. “Ya les va bien que las familias padezcamos esto”, concluyó.

Por su parte, el abogado del vicepresident encarcelado Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha presentado un escrito de queja ante el Supremo por la filtración de los audios de las declaraciones ante Llarena. En este sentido, la declaración del exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ante la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela se filtró ayer mismo. Trapero explicó que la magistrada Mercedes Armas, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, había pedido a la policía catalana “contención” y que asegurara la “paz social”, y defendió la “lealtad” del cuerpo con las órdenes judiciales. Igualmente, se conoció ayer que la fiscal que interrogó a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell ante Llarena le preguntó si conocía cuentas del Govern en Andorra, a lo que la republicana contestó “no”.