El Supremo activará la euroorden contra Puigdemont otra vez en abril

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena tiene previsto activar de nuevo la euroorden de detención y extradición contra Carles Puigdemont cuando dicte el auto de procesamiento contra la cúpula del procés, algo que previsiblemente podría ocurrir a finales de marzo o, como muy tarde a principios de abril. En ese momento, además, los encausados corren el riego de acabar inhabilitados, tanto Puigdemont y los exconsellers que se encuentran también en Bruselas, como los dirigentes encarcelados, con Oriol Junqueras a la cabeza.

Larrena, además, tiene previsto en los próximos días una serie de toma de declaraciones, empezando por la cupaire Mireia Boya mañana (ver texto adjunto). La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira también declararán como imputadas el 19, el expresident Artur Mas y la expresidenta de la AMI Neus Lloveras deben comparecer el día 20, mientras que el 21 será el turno de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, de la que sigue sin conocerse públicamente su paradero.

Mientras, el nuevo fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, aseguró ayer que la Constitución no debe ser “concebida sólo como un límite” y advirtió de que los “ataques al orden constitucional” provocan “incertidumbre y desasosiego” y un “retroceso” en las relaciones sociales y económicas.

Así lo sostuvo Bañeres en la toma de posesión como fiscal superior de Catalunya -en sustitución del fallecido José María Romero de Tejada-, en un acto en el que el Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, le agradeció que asuma este cargo, donde tendrá que enfrentarse a “tareas ciertamente complejas” debido al actual “momento histórico”, en referencia al procés.

En una rueda de prensa celebrada en el Colegio de Abogados de Lleida, junto a los diputados Natàlia Sànchez y Vidal Aragonès y su abogado, Boya manifestó que el atestado de la Guardia Civil en el que Llarena basa su imputación “es parcial, no corresponde con la realidad” y que se construye un relato de violencia que solo existió por parte de los policías el 1-O.

En este sentido, declarará que defenderá el programa electoral de la CUP “porque no es ningún delito defender los compromisos electorales”, así como el resultado del referéndum. “Se nos juzga por nuestras ideas con penas desproporcionadas con hasta 30 años de cárcel”, manifestó y añadió que “solo saldré de prisión cuando se proclame la República”.

Boya está citada a declarar mañana ante el Supremo a las 11 horas y militantes y simpatizantes anticapitalistas la acompañarán hasta Madrid.