Un ex alto cargo se desdice de su confesión de fraude en las ayudas de los ERE

El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, se acogió ayer a su derecho constitucional de no declarar ante el juez y no ratificó sus primeras declaraciones ante la Policía Nacional, la Guardia Civil y la jueza instructora que empezó a investigar los hechos relacionados con el caso de los ERE, Mercedes Alaya, alegando que cuando las hizo tenia una “tremenda presión mediática y de la policía” para que declarara. De este modo, expresó que no contestaría a ninguna pregunta del Ministerio Fiscal ni a las acusaciones del Partido Popular de Andalucía o Manos Limpias, limitándose tan solo a contestar las preguntas realizadas por su abogado, Fernando de Pablo.

Las primeras declaraciones de Guerrero ante la Guardia Civil versaron sobre las “ayudas a empresas” libradas directamente a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), actualmente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), por la partida del 31L conocida como “fondo de reptiles” debido a la expresión usada por el propio Guerrero para describir el destino de las partidas. El exdirector general explicó la decisión de otorgar las subvenciones fue a través de “codecisiones compartidas” destinadas a consolidar la “paz social” solucionando las situaciones de “personas, empresas y territorios en crisis”.

Guerrero explicó en sus primeras declaraciones que “todo el mundo sabía de esas ayudas” irregulares

En las declaraciones ante la jueza Mercedes Alaya, declaró que “cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia” y que “todo el mundo sabía de esas ayudas, que se otorgaban de forma discrecional y sin orden reguladora”. También indicó su sospecha de que parte de las comisiones que cobraban las aseguradoras iban a parar a las organizaciones sindicales.