El fiscal general no ve “claros” los delitos de los independentistas

El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, reconoció ayer que Carles Puigdemont no podrá ser juzgado mientras no regrese a territorio español. En este sentido, recordó que la legislación española impide iniciar un juicio contra alguien que está ausente si las penas de prisión solicitadas superan los 2 años, como ocurriría en el caso del líder de JxCat. Igualmente, afirmó que no ve “factible” que se acabe juzgando a algunos encausados “por graves penas” y que Puigdemont, pudiendo ser “el director” de todos ellos, sea acusado de “delitos con una pena inferior” por encontrarse “en rebeldía”. Por ello, defendió la petición que presentó ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena para que reactivara la euroorden de detención contra Puigdemont cuando visitó Copenhaguen. Sánchez Melgar subrayó que el objetivo de la misma era, precisamente, evitar la “asimetría” de acusar al resto de dirigentes independentistas de rebelión y sedición, y a Puigdemont de delitos menores, como desobediencia o prevaricación. En cualquier caso, el fiscal general aseveró que “no está clara la tipificación final de los hechos” de los que se acusa a los líderes independentistas, porque la investigación aún está en una “fase incipiente”. También mostró su desacuerdo con un informe presentado por la Guardia Civil ante Llarena en el que se apunta a que los cabecillas del “procés” actuaron como la “delincuencia organizada”, porque aún es pronto para considerarlo. Por otra parte, el fiscal avisó de que si se repite el “desprecio” a la Constitución en Catalunya, la respuesta del Ministerio Público será “proporcional y serena”, y dijo no ver motivos “de momento” para instar a la suspensión de actividad de la ANC y de Òmnium.