Rovira dice ante Llarena que intentó parar el 1-O tras las cargas, pero Puigdemont se negó

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, dijeron ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena que la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) del 27 de octubre fue una demostración de “voluntad política” de carácter simbólico y sin efectos jurídicos. A este respecto, Rovira señaló que las fuerzas independentistas sabían que “llegaba el 155” y que con él acabaría la legislatura porque se iban a convocar elecciones. Igualmente, la dirigente republicana resaltó que, desde ese día, sólo se ha reunido con Carles Puigdemont en dos ocasiones. No obstante, admitió haber intentado acudir a todas las reuniones relacionadas con el “procés” a las que le convocó el ahora líder de JxCat antes de esa fecha. Por otro lado, Rovira explicó que, en vistas de la violencia policial ejercida en las primeras horas del 1 de octubre contra los votantes, habló con Puigdemont para que se suspendiera el referéndum, a lo que el president de la Generalitat no accedió. Al término de su declaración, la Fiscalía y el Abogado del Estado solicitaron libertad bajo fianza, mientras que Vox pidió prisión incondicional. Llarena impuso a la líder de ERC el pago de 60.000 euros, que será sufragado por la caja de solidaridad de ANC y Òmnium.

Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, explicó que la violencia, en términos generales, le causa “disgusto” y que no le parece que la movilización ante la conselleria de Economía durante su registro el 20 de septiembre tuviera este carácter. Asimismo, indicó que desconocía de la existencia del documento “Enfocats” y que se enteró por la prensa que aparecía en el supuesto comité estratégico para la independencia. Pascal también subrayó que, en sus viajes a Bruselas para visitar a Carles Puigdemont, le ha transmitido la necesidad de formar un nuevo Govern tan pronto como sea posible, en la línea de sus declaraciones públicas. Tras declarar, ni el Ministerio Público ni la acusación ejercida por Vox solicitaron medidas cautelares, y el magistrado Llarena dejó en libertad a Pascal.