De los Cobos: “El 1-O se usó fuerza proporcionada y no hubo cargas”

El coronel Diego Pérez de los Cobos defendió ante el juez del Supremo que la Policía Nacional y la Guardia Civil usaron el 1-O una fuerza “proporcionada”, sin que se produjeran cargas policiales, ante “grupos perfectamente organizados” que formaban “murallas humanas” en los centros de votación.

En su declaración ante el juez Pablo Llarena del pasado 1 de febrero, De los Cobos afirmó que el día del referéndum los agentes se encontraron en los colegios a “una masa de ciudadanos ejerciendo mediante la fuerza física, porque estaban entrelazados entre ellos, una labor de impedimento”.

El jefe policial aseguró que existían grupos organizados formando murallas humanas

Defendió la actuación de los cuerpos policiales estatales y afirmó que “no hubo cargas”. “El concepto de cargas no lo admito. No hubo cargas, fueron actuaciones policiales para cumplir el mandato judicial” de impedir el referéndum, que “en cada caso requirieron los medios proporcionales pertinentes”, dijo.

De los Cobos quiso diferenciar entre los violentos y las personas que únicamente iban a votar, que no tuvieron “ningún problema” con los agentes. Fueron, dijo, las personas que obstaculizaban la actuación policial las que “provocaron la intervención de la fuerza”.

El coronel aseguró que, por lo que le informaron, en muchos colegios había unos “grupos con distribución de roles” en los que algunas personas impartían órdenes de qué hacer al resto y la actitud que tenían que tener, y añadió que “entre ellos había algunos especialmente violentos”.

Asimismo, dijo no tener ninguna duda de que el plan del que fuera Major de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, era facilitar el referéndum ilegal, que se acabó celebrando. En su declaración ante Llarena manifestó que su dispositivo fue una “estafa”.

Precisamente, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela toma hoy declaración a Trapero tras imputarle un nuevo delito de sedición en relación con la actuación del cuerpo policial durante el referéndum del 1 de octubre.

La magistrada ya le investigaba junto con la intendente de los Mossos Teresa Laplana por un presunto delito de sedición por los incidentes durante los diferentes registros judiciales en Barcelona el pasado 20 y 21 de septiembre.